Leticia (Amazonas), 9 de julio de 2026 (@DefensoriaCol). Los procesos de restitución de derechos territoriales para pueblos indígenas en el Amazonas continúan avanzando, pero enfrentan nuevos retos relacionados con la ocupación de los territorios, la coordinación institucional y la atención de situaciones humanitarias. Estos temas fueron analizados durante una jornada de seguimiento en la que participaron las entidades responsables de acompañar estas actuaciones.

Actualmente, los resguardos y territorios de Villazul, Mirití Paraná, Nazareth, PANI y Arica avanzan en etapa administrativa, mientras que otros casos, entre ellos el ETI Bajo Río Caquetá, San Antonio y San Sebastián de los Lagos, Escoto Putumayo y Ticoya, se encuentran en etapa judicial. Durante la revisión se identificó que en San Antonio y San Sebastián de los Lagos existen 42 ocupantes no étnicos, una cifra superior a los 23 inicialmente reportados. Por esta razón, se solicitó la vinculación de nuevos ocupantes antes de continuar con las notificaciones y el desarrollo del proceso judicial.

Uno de los principales hallazgos se presentó en La Pedrera y el Bajo Río Caquetá, donde la caracterización permitió identificar 103 familias y 123 puntos de ocupación, muy por encima de los registros iniciales. Asimismo, se detectaron diferencias entre los límites territoriales definidos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y los utilizados en los procesos de restitución, por lo que se solicitó a la entidad aclarar los ajustes realizados y entregar los respectivos soportes técnicos y administrativos.

Durante la reunión también se manifestaron preocupaciones por posibles conflictos territoriales derivados de procesos de ocupación y loteo en algunos resguardos. En este contexto, las entidades resaltaron la importancia de fortalecer los espacios de información y pedagogía sobre las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), y precisaron que estas son herramientas de planificación y organización territorial, y no modifican los derechos de propiedad existentes.

La jornada abordó además la situación de Tarapacá, donde próximamente iniciarán actividades de caracterización que podrían beneficiar a cerca de 500 personas. También se revisaron casos relacionados con ocupaciones en predios de la Nación ubicados cerca de instalaciones militares. De igual manera, se informó sobre el desplazamiento de familias afectadas por hechos asociados al conflicto armado en el territorio de PANI, situación frente a la cual la Unidad de Restitución de Tierras evaluará la solicitud de medidas cautelares con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y otras entidades.

Como resultado del encuentro, se acordaron acciones para fortalecer la articulación institucional, mejorar el intercambio de información entre las entidades, acompañar futuras jornadas de caracterización y avanzar en estrategias de orientación para las comunidades vinculadas a los procesos de restitución territorial en el departamento.