La Defensoría del Pueblo participó en una mesa técnica para analizar las demoras en los pagos a las IPS públicas y privadas del departamento de Santander, relacionadas con la atención a población migrante, población pobre no asegurada y personas afiliadas a los regímenes contributivo y subsidiado.

Durante la jornada, realizada de manera virtual, se expuso la grave crisis de atención en salud que atraviesa Santander, profundizada por el aumento de las deudas con las IPS, tanto públicas como privadas, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de los servicios e incluso ha generado amenazas de cierre.

Se destacó, especialmente, la cartera asociada a la atención de la población migrante no asegurada, responsabilidad directa de las entidades territoriales con apoyo del Ministerio de Salud. Adicionalmente, se discutieron las barreras y negaciones que han enfrentado los pacientes con VIH y los afiliados a la Nueva EPS.

Como resultado del encuentro, y gracias al liderazgo de la Defensoría del Pueblo, se lograron acuerdos y compromisos interinstitucionales orientados a disponer recursos para el pago de los servicios prestados a la población migrante no asegurada. También se acordó la realización de futuras mesas de conciliación y pago para priorizar a los prestadores que actualmente se encuentran en situaciones más críticas, con el fin de mitigar la afectación y garantizar la continuidad de los servicios de salud en el departamento.

El espacio reunió al Ministerio de Salud, la ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, las entidades territoriales, la Procuraduría General de la Nación, usuarios y representantes de los prestadores de servicios de salud.