La Defensoría del Pueblo y la Naturaleza fortaleció el monitoreo satelital de focos de calor en zonas boscosas para orientar acciones preventivas frente a incendios forestales, riesgos de deforestación y posibles afectaciones a los derechos colectivos y al derecho al ambiente sano. El seguimiento realizado entre marzo y mayo de este año permitió identificar un pico de incendios y mantener la vigilancia sobre los territorios con mayores presiones ambientales.

De acuerdo con el monitoreo satelital, marzo fue el mes de mayor alerta de ese periodo: los sensores identificaron 248 detecciones de incendios en bosques, frente a 144 registradas en el mismo mes de 2025. Las mayores ocurrencias se concentraron en municipios de la Amazonía y territorios vecinos, entre ellos Mapiripán y La Macarena (Meta), San José del Guaviare, Calamar y El Retorno (Guaviare), Cumaribo (Vichada), Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán (Caquetá) y Puerto Leguízamo (Putumayo).

El monitoreo también identificó eventos en los Parques Nacionales Naturales Tinigua y Sierra de La Macarena (Meta), ecosistemas estratégicos donde confluyen presiones ambientales, expansión de la frontera agropecuaria y cambios en el uso del suelo, con riesgos para comunidades rurales, campesinas y étnicas.

En abril se registraron cinco detecciones de incendios en bosques, localizadas en los departamentos de Casanare, Santander, Antioquia y Cesar.

En mayo hubo cuatro detecciones en bosques, una cifra ligeramente inferior a la registrada en mayo del 2025. No obstante, en el mismo mes del 2026, con la incorporación del sensor geoestacionario GOES-19, fueron identificados 26 puntos con incendios en bosques, principalmente en zonas de ribera de Vichada y Norte de Santander, y en menor medida en Casanare y Antioquia.

Nuevo sensor amplía la vigilancia

Uno de los principales hallazgos del monitoreo es que durante mayo no se identificaron nuevas detecciones de incendios asociadas a deforestación en el bioma amazónico. Sin embargo, algunas señales observadas podrían corresponder a requemas en áreas previamente deforestadas, por lo que la Defensoría insiste en que cada alerta debe analizarse con rigor técnico y verificarse en territorio antes de establecer conclusiones.

La incorporación del sensor GOES-19 fortalece la capacidad de observación, ya que permite un seguimiento más frecuente durante el día. Aun así, la Defensoría reitera que la información satelital debe complementarse con la verificación en territorio, el análisis de las autoridades ambientales y la lectura del contexto social y comunitario.

Riesgo alto en la Amazonía

La Amazonía colombiana es el principal foco de alertas tempranas de deforestación del país, de acuerdo con los boletines de Detección Temprana de Deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Solo en 2025, la región alcanzó cerca de 72.409 hectáreas (ha) en alerta. Aunque entre enero y septiembre hubo una reducción del 25 % frente al mismo periodo del 2024, el último trimestre del año volvió a encender las alertas, al ser identificadas 21 zonas críticas de deforestación que abarcaron aproximadamente 36.129 ha.

Las mayores concentraciones se localizaron en Caquetá, con 16.015 ha; Meta, con 9.537 ha, y Guaviare, con 6.068 ha. Estos datos confirman la persistencia de territorios que ya habían registrado alta presión sobre los bosques en 2024, año en que la Amazonía concentró la mayor parte de la deforestación nacional.

Para la Defensoría del Pueblo, los incendios forestales y la deforestación trascienden el ámbito ambiental. En distintos territorios se relacionan con conflictos por el uso del suelo, economías ilegales, presión sobre ecosistemas estratégicos y afectaciones a comunidades que dependen del bosque, el agua y la biodiversidad.

Las alertas tempranas de deforestación permiten priorizar territorios, fortalecer el trabajo de las regionales y apoyar la coordinación entre las autoridades ambientales, territoriales y de gestión del riesgo. La Defensoría continuará impulsando el uso de información técnica, independiente y oportuna para prevenir daños sobre los ecosistemas y proteger los derechos colectivos.