El Estado y la Procuraduría General de la Nación, como cabeza del Ministerio Público, del que también hacen parte la Defensoría del Pueblo y las 1.103 personerías del país, en su condición de garantes de derechos, respetan y protegen la libertad de prensa y reprueban, sin importar su origen, las estrategias encaminadas a denegar o dilatar el acceso a la información pública o la imposición de censuras veladas. La Constitución Política estableció como garantía fundamental el derecho a recibir información veraz e imparcial. En tiempos de crisis este precepto no se debe limitar sino robustecer. Es por esto que, ni los medios de información ni los periodistas, pueden ser clasificados como aliados o amenazados. Su intimidad y la reserva de la fuente deben ser protegidas en todo momento. La censura acarrea un alto costo para la sociedad y la democracia y debe ser considerada intolerable en un Estado de derecho. La reserva de la fuente está protegida por la Constitución Política y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La libertad de prensa fortalece la democracia y hace frente al abuso del poder, la falta de transparencia y la opacidad en el servicio. Igualmente, contribuye a la construcción de una sociedad fuerte, vigilante y empoderada en la prevalencia de la ética y la defensa de lo público, así como a la consolidación de una opinión informada que persevere en la soberanía popular. La prensa es la veedora de la sociedad en el seguimiento, uso y destinación de los recursos para la atención y protección de los derechos y garantías de los ciudadanos, especialmente de las poblaciones más vulnerables. Divulga los programas y políticas públicas en los territorios, deja al descubierto el accionar de los enemigos de la democracia y está comprometida para que el gasto público en comunic