• También emite su documento de prevención y advertencia (007 de 2026) porque ese mismo grupo, el autodenominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, tiene un control territorial efectivo debido al repliegue del Clan del Golfo autodenominado EGC.
• Otra situación por la cual llama la atención obedece a la posible confrontación armada en la zona alta de La Esperanza debido a la capacidad de proyección del ELN y el disidente Frente 33 desde el Catatumbo.
• Mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad, con acciones urgentes de disuasión, prevención, protección y atención integral, es el llamado de la Defensoría a la institucionalidad gubernamental.

Bogotá, 12 de marzo de 2026 (@DefensoriaCol). El grave riesgo de vulneraciones a los derechos humanos a causa de la acelerada expansión territorial y consolidación de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en los municipios de Cáchira y La Esperanza, Norte de Santander, llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir la Alerta Temprana de Inminencia 007 de 2026.

El escenario de riesgo se define por la incursión de las ACSN desde los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, buscando controlar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y el Catatumbo. Esta estructura armada ha transitado de una presencia discreta a un control territorial efectivo, aprovechando el repliegue del Clan del Golfo autodenominado EGC y la vulnerabilidad institucional en la zona.

La Defensoría alerta sobre la materialización de conductas violentas que buscan imponer una autoridad de facto. Durante el 2025, La Esperanza registró 11 homicidios selectivos, la cifra más alta en los últimos cinco años, utilizados como mecanismo de "limpieza social" y control ejemplarizante. Asimismo, la entidad ha documentado retenes ilegales e intercepción del transporte público, como el ocurrido el pasado 19 de enero, en el que individuos armados intimidaron a pasajeros(as) y marcaron vehículos con insignias del grupo ACSN.

Adicionalmente, la entidad nacional de derechos humanos advierte sobre la posibilidad de confrontaciones armadas directas en la zona alta de La Esperanza debido a la capacidad de proyección del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc (Frente 33) desde el Catatumbo, lo cual podría derivar en desplazamientos masivos y confinamientos.

Gobernanza armada

Los grupos armados no estatales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada sobre la población civil mediante:

• Imposición de toques de queda de facto y regulación de la conducta social.
• Extorsión sistemática a comerciantes, ganaderos y pequeños emprendimientos de mujeres cabeza de familia.
• Ocupación indebida de escuelas rurales, vulnerando el principio de distinción del DIH y exponiendo a niñas, niños y docentes.
• Presiones para imponer el cultivo de coca, amenazando la economía cafetera lícita que las comunidades han fortalecido como estrategia de paz.

Riesgo crítico para comunidades

El riesgo es especialmente crítico para niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) porque vienen siendo blanco de estrategias de reclutamiento forzado y captación mediante ofrecimientos económicos o coacción para "proteger" a sus familias.

Por otro lado, servidoras y servidores públicos y personas lideresas sociales y defensoras de derechos humanos han sido víctimas de amenazas de muerte por oponerse a las economías ilícitas o por el ejercicio de sus funciones, lo que ha llevado a varios(as) de ellos(as) a solicitar medidas urgentes de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Igualmente, están en riesgo comunidades campesinas de zonas rurales afectadas por la confrontación armada, personas previamente victimizadas por el conflicto armado, personas firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres y hombres en situación de especial vulnerabilidad social y adultas y adultos mayores.

Urgen acciones de protección

Ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría formula 16 recomendaciones de carácter urgente a los ministerios del Interior y de Defensa, Fiscalía General de la Nación, UNP, Unidad para las Víctimas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y las administraciones departamentales y locales.

Mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad, con la puesta en funcionamiento de acciones urgentes de disuasión, prevención, protección y atención integral que eviten la materialización de conductas vulneradoras de derechos, es el llamado de la Defensoría a los entes competentes.

Las acciones recomendadas se centran en la disuasión de la amenaza mediante el fortalecimiento de la fuerza pública, la investigación judicial oportuna y la implementación de rutas de protección integral para la población civil y sus liderazgos.