Hace 88 días los guardianes de las cárceles de Colombia iniciaron un ‘Plan reglamento’ que consiste en no permitir el ingreso de más reclusos en 30 prisiones que registran más del 20% de hacinamiento. Casi tres meses después no hay solución a la vista y ya son 116 penales, de los 138 en total, los que se sumaron a la operación tortuga.

Óscar Robayo Rodríguez, dragoneante de la cárcel La Modelo, de Bogotá, miembro de la Junta Nacional del Sindicato del Inpec, confirma que la bomba de tiempo explotó porque el Gobierno Nacional no ha querido tomar medidas de fondo para superar la crisis carcelaria que en Colombia se extendió en el tiempo y que es muy grave para la seguridad de las prisiones y del país en general. 

La Defensoría del Pueblo informó que la tercera parte de la población carcelaria en el territorio nacional, equivalente a 52 mil personas, ha sido afectada por la medida.

De hecho, el pasado lunes una comisión de esa entidad se trasladó a la Estación de Policía de Mártires, en el centro de la capital de la República, donde en virtud del hacinamiento y los problemas derivados de la operación reglamento que adelanta la guardia, los detenidos quemaron colchonetas para reclamar la protección de sus derechos.

Precisó Jorge Armando Otálora Gómez, defensor Nacional del Pueblo, que la congestión es tan grave que sólo en el caso de Mártires (en Bogotá) hay 112 detenidos frente a una capacidad instalada para 40.

El tema de hacinamiento trae como consecuencia que los guardias sean insuficientes. En la actualidad hay 12.848 guardianes; pero realmente 8.000 son para cuidar a los 117 mil reclusos que hay en las cárceles.

En promedio, hay un guardia por cada 15 presos. Y según estándares internacionales, lo ideal es uno por cada 5 presos, según Robayo Rodríguez.

“Este tema lo hemos hablado siempre, hemos manifestado nuestra preocupación, pero el Gobierno siempre se lava las manos diciendo que hay corrupción entre la guardia y el tema se queda allí”, señaló Robayo.

El remedio no fue la cura

Explica el dragoneante que, justamente para conjurar la situación, el Gobierno creó en 2011 la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios).
El objetivo era garantizar el respeto a la dignidad humana; el ejercicio de los derechos fundamentales y el bienestar de la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión.

La Unidad especializada se debía concentrar en la gestión y operación para el suministro de bienes y la prestación de servicios para la población carcelaria.

Y para lograrlo se le dieron funciones específicas relacionada con el suministro de bienes y la prestación de los servicios y la infraestructura; además, brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Sin embargo, en la práctica los resultados no se han visto, asegura el miembro del Sindicato. Y de alguna manera lo corrobora la directora de la Uspec, María del Pilar Bahamón Falla, quien en en una sesión en el Congreso de la República el pasado mes de septiembre, precisó que para que las cárceles funcionen bien se requieren 400 mil millones de pesos al año y en la actualidad solo se están invirtiendo 50 mil millones.

El problema carcelario en Colombia tocó fondo. El Inpec figura como una de las 10 entidades más tuteladas. En el 2012, según la Defensoría del Pueblo, se interpusieron 12.700 tutelas y en el 2013 aumentaron a 15.500. De seguir la situación como va, se dispararían las demandas contras las entidades que administran las cárceles en Colombia.

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