Intensos enfrentamientos armados entre grupos ilegales como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las disidencias del Frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF) y el ELN han provocado el desplazamiento masivo de comunidades y generado un alto riesgo para la población civil de las subregiones del Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca en Antioquia, así como en el sur del departamento de Bolívar. 

Asimismo, la expansión del EGC ha incrementado el riesgo de confinamientos, desplazamientos masivos y violencia selectiva contra la población civil. Su presencia se ha extendido de 213 municipios en 2019 a 345 en 2024, lo que representa un aumento del 62% y lo consolida como el grupo armado ilegal con mayor presencia en el país.

La Defensoría del Pueblo había reportado estas dinámicas en las Alertas Tempranas 045-20 y 034-23, donde se señalaba la presencia y accionar de grupos armados ilegales en la región, así como riesgos para líderes sociales, campesinos, comerciantes, población migrante, entre otros.

Por lo anterior, la Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de que las Fuerzas Armadas garanticen la seguridad territorial, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Asimismo, se insta a la activación de espacios de articulación para el retorno seguro de las familias desplazadas, el fortalecimiento de medidas de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres, y la garantía de justicia en los casos de homicidio. De igual manera, es crucial brindar atención humanitaria continua y adecuada a las comunidades afectadas.

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