La Defensoría del Pueblo obtuvo la protección de los derechos fundamentales a la salud, la dignidad humana y la igualdad de una mujer habitante de calle con discapacidad física y mental, luego de que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Montería fallara a favor de una acción de tutela interpuesta por la entidad.

El recurso jurídico fue promovido en representación de la mujer, quien desde 2024 permanecía en condiciones de extrema vulnerabilidad: sin hogar, con deterioro crítico de salud y con hospitalizaciones reiteradas sin continuidad en su tratamiento médico. Pese a las múltiples alertas y solicitudes dirigidas a las autoridades competentes, la situación no tuvo respuesta efectiva.

En su fallo, el despacho judicial ordenó a la Alcaldía de Montería, a través de la Secretaría de Gobierno, activar de manera inmediata una ruta de albergue temporal o institucional en condiciones dignas. También ordenó a la EPS garantizar la atención médica poshospitalaria, la valoración psiquiátrica y un plan integral de atención y rehabilitación acorde con su condición.

Para la Defensoría del Pueblo este fallo sienta un precedente en la protección de los derechos de las personas habitantes de calle, especialmente de quienes enfrentan simultáneamente condiciones de discapacidad, abandono y afectaciones graves de salud.