Directora de Innovación de Fundación contra el abuso sexual infantil
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En 2015, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se presentaron 18.028 casos a nivel nacional, mientras entre enero y febrero de este año ya se habían reportado 2.594 relacionados con presunto abuso sexual a menores de edad, datos que preocupan enormemente a la Defensoría del Pueblo y que prenden las alarmas sobre el manejo de estos procesos, durante y después de la denuncia.

Conforme lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), la Defensoría tiene dentro de sus funciones principales la promoción, divulgación, protección y defensa de la infancia, así como el trámite de solicitudes relacionadas con amenazas o vulneraciones a los derechos de esta población.

A partir de este mandato y con el fin de ofrecer una respuesta adecuada y eficaz en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, la Delegada para la Infancia, la Juventud y Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo viene trabajando en una guía para la atención de este delito, la cual se convertirá en hoja de ruta para los funcionarios que tienen como responsabilidad orientar y acompañar a los menores de edad víctimas de abuso sexual.

El documento instruye sobre las gestiones a realizar desde el primer momento en el que se identifica un posible delito contra la integridad sexual de un menor de edad, articula las herramientas de la Defensoría con las de otras instituciones en aras de hacer más eficientes los mecanismos de atención, y fortalece las técnicas para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas o adolescentes afectados.

La guía establece algunos puntos clave, como por ejemplo  el entorno en el que se desarrolla la entrevista semiestructurada dentro de un espacio que garantice la tranquilidad y privacidad a la víctima, por cuanto es donde se recopila la información sobre la manera en la que ocurrieron los hechos, y a partir de la caracterización que de allí surja el profesional determina los factores de riesgo,  identifica las redes de apoyo familiar e institucional, y define las acciones a seguir para el restablecimiento de los derechos del niño o niña abusado.

Diana Helena Sánchez, psicóloga, especialista en psicología jurídica y máster en criminología y victimología, considera que para atender un caso de esta índole “Es necesario asumir actitudes de respeto hacia la dignidad humana, empatía, sensibilidad y neutralidad, que lleven a las víctimas a sentirse respetadas y reconocidas dada su condición”.

En este caso, la respuesta efectiva que esperan los niños y jóvenes, y que reduce el riesgo de una segunda victimización, surge del seguimiento adecuado como tarea fundamental para contribuir, entre otras cosas, a la realización de una radiografía sobre las tendencias en materia de vulneración de derechos, y de la cual parten los funcionarios para exigir a las Entidades correspondientes acciones de reivindicación.

Según Liliana Moreno González, psicóloga de la fundación Red de Sanción Social contra el Abuso Sexual Infantil, “La segunda victimización puede prevenirse si se hace hincapié en el buen manejo ante la revelación, conociendo las pautas iniciales del actuar y la prontitud del accionar”.

La Defensoría del Pueblo a través de esta guía, que próximamente estará a disposición de los colombianos, le apunta a reducir los factores que causan una segunda victimización, y por ello prepara a sus profesionales para que tengan en cuenta las dinámicas de la violencia  sexual, las condiciones en las que se maneja el daño, las barreras de acceso y las expectativas de los afectados frente a la respuestas institucional; son estas premisas las que permitirán identificar y prevenir las falencias de los procesos de restitución de derechos.

Uno de los propósitos fundamentales es que, al igual que la sociedad, los funcionarios no “normalicen” el delito, dado que la “naturalidad” con la que en muchas ocasiones se manejan los casos produce una sensación de costumbre que termina por minimizar las historias de agresión, ocasionado daño a la víctima y ruptura entre las circunstancias del abuso y las consecuencias físicas y sicológicas que puedan sufrir los niños, niñas y adolescentes, las cuales van desde la  desconfianza en el entorno en el que se desenvuelven, pasando por la afectación de la autoestima y la autoconfianza, hasta cuadros depresivos y/o de ansiedad, sin contar factores como el ejercicio conflictivo de la sexualidad, el consumo de sustancias psicoactivas, problemas conductuales, y la cada vez más reciente pérdida de confianza en los procesos de administración de justicia, reflejada en muchas ocasiones en la deserción del proceso legal.

La violencia sexual infantil vulnera, entre otros, los derechos a la vida, la dignidad, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad.