• Cerca del 80 % de la población colombiana vive expuesta a amenazas sísmicas. En Tumaco, el riesgo es aún mayor: su ubicación en el “Cinturón de Fuego del Pacífico” y la vulnerabilidad de sus comunidades exigen que el Estado actúe antes de que ocurra la emergencia.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, preparación y gestión del riesgo frente a sismos y tsunamis en el Pacífico colombiano, especialmente en Tumaco, teniendo en cuenta que Colombia se encuentra ubicada en el “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde ocurre cerca del 90 % de los terremotos del mundo.

En los últimos años se han evidenciado importantes desafíos en materia de gestión del riesgo sísmico. Actualmente, cerca del 80 % de la población del país está expuesta a amenazas sísmicas altas e intermedias, lo que representa aproximadamente 45 millones de personas. A ello se suma que las normas y medidas de diseño y construcción sismorresistente requieren actualización, pues varias disposiciones no han sido revisadas desde hace más de 16 años y presentan vacíos frente a necesidades actuales de mitigación y prevención.

Tumaco, por su ubicación geográfica, está categorizado como un territorio de amenaza sísmica alta. Además, cerca del 70 % de su población urbana habita en zonas de bajamar, altamente expuestas a inundaciones y tsunamis.

Este municipio ya enfrentó eventos devastadores asociados a terremotos y tsunamis. En 1906 se presentó uno de los eventos con mayor magnitud en el hemisferio occidental con 8.9, lo que cambió la inclinación del eje terrestre y el terremoto de 1979, de magnitud 8.1, que dejó 454 personas fallecidas, más de mil heridas y profundas afectaciones en la infraestructura y el territorio del Pacífico nariñense. A ello se suman factores de vulnerabilidad estructural como la pobreza, la informalidad en las construcciones, las limitaciones en el acceso a servicios básicos y la degradación de ecosistemas protectores como los manglares.

Los escenarios de emergencia asociados a sismos y tsunamis pueden afectar gravemente derechos fundamentales como la vida, la vivienda digna, la salud, el acceso al agua potable y al saneamiento básico, la educación, la movilidad y el ambiente sano. Estas afectaciones pueden ser aún más severas en territorios donde persisten condiciones de exclusión y vulnerabilidad social. En Tumaco, por ejemplo, más del 58 % de la población no cuenta con acceso seguro a agua potable y el 73,1 % carece de sistemas adecuados de saneamiento básico.

Es fundamental evitar una falsa sensación de seguridad derivada de la ausencia reciente de grandes eventos sísmicos. La prevención y la preparación deben mantenerse como una prioridad permanente del Estado y de las autoridades territoriales.

Por ello, la Defensoría considera necesario fortalecer y actualizar las normas técnicas y sismorresistentes; mejorar los sistemas de alerta temprana, las rutas de evacuación y los espacios seguros; reducir la vulnerabilidad de viviendas e infraestructura, especialmente en contextos de informalidad; promover simulacros y procesos permanentes de educación comunitaria; y garantizar un enfoque diferencial y territorial que priorice a las comunidades históricamente más expuestas al riesgo. Asimismo, reitera la importancia de fortalecer la articulación institucional y de reconocer el conocimiento y las capacidades construidas históricamente por las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico para la gestión y protección de sus territorios.

Sin embargo, es importante transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Este llamado no busca generar miedo ni pánico entre las comunidades, sino promover la prevención y la preparación como herramientas fundamentales para proteger la vida y reducir los riesgos. Prepararnos de manera adecuada es la mejor forma de fortalecer la capacidad de respuesta y proteger a la población ante posibles emergencias.