La Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación firmaron, por primera vez, una directiva conjunta para fortalecer la implementación de la Ley 2292 de 2023 que permite a mujeres cabeza de familia sustituir la pena de prisión por servicios comunitarios. 

La directriz incorpora criterios de interpretación con enfoque de género, orientados a que la justicia no se limite exclusivamente a la sanción de pena de prisión, sino que también promueva procesos de reintegración social, reparación comunitaria y reconstrucción del tejido social. 

La ruta conjunta también unifica criterios para la valoración de requisitos establecidos en la Ley, especialmente en aspectos relacionados con la condición de mujer cabeza de familia y las circunstancias de marginalidad asociadas a la comisión del delito. 

Con esta articulación, Procuraduría y Defensoría buscan fortalecer la implementación territorial de la Ley de Utilidad Pública y promover medidas alternativas a la prisión que respondan a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, igualdad de género y justicia restaurativa. 

Muchas mujeres privadas de la libertad enfrentan condiciones de vulnerabilidad relacionadas con violencias basadas en género, economías de subsistencia, desplazamiento forzado, dificultades de acceso al empleo y responsabilidades de cuidado sobre hijos, personas mayores o familiares en condición de discapacidad. 

La directiva establece lineamientos de actuación para procuradores judiciales, defensores públicos y personerías, con el propósito de identificar de manera proactiva posibles beneficiarias, acompañar las solicitudes ante jueces y hacer seguimiento a la ejecución de los servicios de utilidad pública en los territorios. 

La directiva también señala que las solicitudes podrán presentarse tanto durante el proceso penal como en la etapa de ejecución de la pena, y promueve el uso de recursos judiciales cuando existan decisiones que nieguen el acceso a este mecanismo.