• La entidad verificó compromisos para garantizar agua potable, saneamiento básico y vivienda digna a 5.000 habitantes de los asentamientos Pancoger y Alameda.

La Defensoría del Pueblo lideró el Séptimo Comité de Verificación y Seguimiento a la Acción Popular No. 17001-33-33-001-2016-00092-00, con el fin de garantizar los derechos colectivos de cerca de cinco mil habitantes de los asentamientos Pancoger y Alameda, en el municipio de La Dorada, Caldas.

Estas comunidades enfrentan dificultades históricas en el acceso a agua potable, saneamiento básico, manejo de aguas residuales, condiciones urbanísticas y protección ambiental. Durante la sesión, las entidades presentaron los avances en los estudios técnicos que definirán si es viable la legalización de los terrenos o si se requiere la reubicación de la población que habita en zonas de alto riesgo.

Compromisos institucionales

En el encuentro participaron la Alcaldía Municipal de La Dorada, la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas (Empocaldas), la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), la Personería Municipal y representantes de las comunidades. El objetivo del espacio fue revisar las acciones orientadas al cumplimiento de las órdenes judiciales.

La Secretaría de Planeación Municipal asumió el compromiso de remitir al comité los estudios técnicos realizados, presentar los resultados de la mesa técnica sobre las áreas susceptibles de legalización y entregar el cronograma actualizado de actividades, con el fin de avanzar en decisiones concretas sobre el futuro de los asentamientos.

Por su parte, Empocaldas informó que fortalecerá el esquema de suministro de agua mediante pilas públicas y optimizará la operación del servicio. Adicionalmente, el Comité acordó consolidar una matriz interinstitucional con actividades, responsables y cronogramas verificables ante las autoridades judiciales.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las entidades competentes para acelerar la adopción de soluciones definitivas, fortalecer la coordinación institucional, proteger los derechos colectivos de las comunidades y garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales, especialmente frente al saneamiento básico, la mitigación de riesgos, la protección ambiental y la definición de alternativas de legalización o reubicación para la población afectada.