Bogotá, 13 de marzo de 2026 (@DefensoriaCol). En el marco del seguimiento que realiza la Defensoría del Pueblo a la situación de derechos humanos en el municipio de El Tarra, y con base en información suministrada por la comunidad y la Personería Municipal, la entidad tuvo conocimiento de que el pasado 12 de marzo fueron reportados sobrevuelos de vehículos aéreos no tripulados (drones), desde los cuales, mediante el uso de megáfonos instalados en ellos, presuntos integrantes del Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc habrían emitido mensajes dirigidos a la población civil del corregimiento Filo Gringo, ordenando el desalojo del lugar.

Después de estos hechos, las mismas disidencias habrían enviado un mensaje “aclaratorio” en el cual decían que su interés no era provocar el desplazamiento de la población civil, sino enviar un ultimátum a miembros del ELN.

Sin embargo, a raíz de los mensajes emitidos a través de estos dispositivos, y ante el temor generado en la población civil por la posible escalada de la confrontación armada en la zona, la Defensoría del Pueblo tuvo conocimiento del desplazamiento forzado de 161 familias de Filo Gringo y otras zonas cercanas hacia el casco urbano de El Tarra.

Actualmente, diez de ellas están alojadas en un albergue dispuesto en el Club de los Cacaos y otras tres están en el asentamiento humano 3 de Abril. Asimismo, la entidad tiene conocimiento de que las demás familias están en viviendas de familiares, conocidos y redes de apoyo. Se prevé que en las próximas horas puedan arribar más personas provenientes de Filo Gringo.

La Defensoría del Pueblo lamenta profundamente este nuevo desplazamiento forzado de la población civil, el cual constituye una infracción grave al derecho internacional humanitario, en particular a la prohibición de desplazamiento forzado estipulada en el artículo 17 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, así como una vulneración de los derechos fundamentales de las personas afectadas.

En consecuencia, hace un llamado urgente a los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud y Protección Social, a la Unidad para las Víctimas (UARIV), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y demás entidades competentes del orden nacional, así como a las autoridades territoriales, para que activen de manera inmediata los planes de contingencia, el Comité Extraordinario de Justicia Transicional y las rutas de prevención y protección.

La activación de estas instancias es fundamental para garantizar los derechos a la vida, la seguridad y la integridad de las personas en riesgo, confinadas y desplazadas, así como los de quienes han sido afectados y afectadas por otros hechos victimizantes en esa zona de la subregión Catatumbo (Norte de Santander), que continúa siendo escenario de confrontaciones entre grupos armados ilegales.

Cabe recordar que, para este municipio, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 025 de 2021, con la que advirtió sobre los riesgos para la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de la población del casco urbano de El Tarra y de cuatro de sus corregimientos, incluido Filo Gringo, debido a la agudización de las disputas por el control territorial y social entre grupos armados al margen de la ley. Posteriormente, en 2023 y 2024, la entidad emitió dos Informes de Seguimiento con el fin de reiterar la necesidad de que las autoridades competentes implementen medidas más efectivas para la protección de las comunidades.

La Defensoría del Pueblo continuará con el monitoreo permanente de la situación en el territorio, así como con el acompañamiento a las comunidades afectadas en El Tarra y a otras que puedan resultar perjudicadas por las acciones del Frente 33 y de otras estructuras armadas que operan en el Catatumbo.