Defensoría del Pueblo socializó la Sentencia T-420 de 2025 con comunidades indígenas del Vichada

Defensoría del Pueblo socializó la Sentencia T-420 de 2025 con comunidades indígenas del Vichada

  • Lun, 23 feb 2026

funcionarios de vichada

Comunidades Indígenas Vichada
Entre el 18 y el 21 de febrero de 2026, la Defensoría del Pueblo recorrió territorios indígenas del municipio de Puerto Carreño para explicar, de frente y en sus propias comunidades, el contenido de la Sentencia T-420 de 2025 de la Corte Constitucional. La decisión judicial ordena proteger los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la vida de niñas y niños indígenas en el Vichada.
En total, 162 personas de once resguardos participaron en las jornadas de socialización. Las comunidades indígenas convocadas fueron: Cachicamo, Bachaco, Guacamayas Maipore, Mesetas Dagua, Piedra Tónica, La Mayera, Kanalitojo, Caño Guaripa, Hormiga, Tuteque Roncador y Wazapana Dagua.
Resguardo Bachaco
Resguardo Bachaco

Las jornadas no fueron charlas magistrales. Gobernadores de cabildo y autoridades tradicionales escucharon, preguntaron y se comprometieron a replicar la información con los demás integrantes de sus territorios. Esa cadena de comunicación comunitaria es decisiva: sin ella, la sentencia corre el riesgo de quedarse en el papel.

También estuvieron presentes delegados de la ORPIBO —Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco— y de la ASOCCIAN, que agrupa a cabildos de los pueblos Sikuani y Amorúa. Ambas organizaciones tienen un peso real en la gobernanza territorial del departamento y en la defensa de los derechos colectivos de sus pueblos.

Resguardo Cachicamo
Resguardo Cachicamo

La Defensoría del Pueblo, a través de su Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, actúa en este proceso como garante del cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional, en el marco de su mandato de defender los derechos humanos de las comunidades étnicas y de acompañarlas en la exigencia de condiciones de vida digna.

En el Vichada, esas condiciones siguen siendo una deuda histórica del Estado.