•    El riesgo obedece a la expansión territorial y disputa armada entre el autodenominado EGC y las autodenominadas ACSN. 
•    Estos dos grupos armados tienen interés en el complejo lagunar de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ya que se constituye en una ruta estratégica para el tránsito de estupefacientes y armas.
•    Ante los peligros evidenciados, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 014 de 2026.

Bogotá, 05 de julio de 2026 (@Defensoria.gov.co). Debido a la configuración de un escenario de riesgo extremo en la zona rural, que involucra parte de la Ciénaga Grande de Santa Marta, del municipio de Sitionuevo (Magdalena), la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 014 de 2026. Focaliza la atención en los centros poblados palafíticos Nueva Venecia y Buenavista, el corregimiento Palermo (incluyendo sus caseríos La Canchera, Caño Clarín y Villa Clarín) y las veredas San Antonio, Carmona y La Trinidad.

El escenario de riesgo está determinado por la expansión territorial y la proximidad operativa de los grupos armados ilegales autodenominado EGC, que avanza desde el Atlántico, y autodenominadas ACSN, que mantienen presencia consolidada desde la vertiente occidental de la Sierra Nevada hacia la amplia zona del complejo cenagoso.

A lo que está ocurriendo se suma la reactivación de ‘Los Carperos’ en Palermo, grupo criminal que podría ser cooptado por alguno de los dos grupos para fortalecer su accionar, lo cual podría agudizar hechos de violencia.

Sitionuevo es considerado un sitio estratégico que articula la Sierra Nevada de Santa Marta, el río Magdalena y el mar Caribe, facilitando el desarrollo de economías ilícitas y el tránsito de estupefacientes.

Antecedentes de violencia

La Defensoría alerta sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias en el territorio, pues este año ha documentado homicidios con sevicia, desapariciones forzadas y ataques armados. Especial preocupación le genera la reciente masacre ocurrida en el corregimiento Palmira (de Puebloviejo, Magdalena), donde varias de las víctimas eran oriundas de Nueva Venecia, lo que evidencia la interconexión de la violencia en el complejo lagunar. 

De no haber intervención estatal, se prevé un incremento de masacres, desplazamientos forzados y confinamientos.

Imposición de normas

Los grupos armados ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada sobre la población civil. Esto se manifiesta mediante la imposición de normas de comportamiento, restricciones a la movilidad fluvial, la realización de reuniones coercitivas y la exigencia sistemática de extorsiones a pescadores, mujeres y hombres comerciantes y personas operadoras turísticas. Incluso, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, ha identificado el uso sofisticado de tecnologías como drones para el control territorial y la utilización forzada de la población local para actividades logísticas armadas.

Adicionalmente, ha documentado graves afectaciones al mínimo vital de las comunidades, pues los actores armados ilegales han expulsado a pescadores de sus zonas tradicionales de faena y prohibido el acceso a cuerpos de agua estratégicos, impactando directamente la seguridad alimentaria de la cultura anfibia. Asimismo, la instrumentalización de infraestructuras comunitarias para el almacenamiento de armas y expendio de estupefacientes debilita el tejido social.

Riesgo para grupos poblacionales

El riesgo es especialmente alto para niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), quienes enfrentan dinámicas de vinculación forzada y cooptación incentivadas por la precariedad socioeconómica y la falta de oportunidades. 

También están en particular vulnerabilidad los liderazgos sociales y comunales, víctimas de señalamientos y amenazas, así como las comunidades palafíticas cuyo aislamiento geográfico limita su acceso a mecanismos de protección institucional.

Urgen acciones

Ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo formuló 15 recomendaciones urgentes a entidades del orden nacional y territorial, como el Ministerio del Interior [con la participación de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat)] para coordinar la respuesta rápida, la Armada Nacional y la Policía Nacional para aumentar las acciones de disuasión en corredores fluviales y lagunares, y la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de homicidios. 

Las recomendaciones también están dirigidas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de que activen rutas de prevención y protección diferencial. 

El Estado debe actuar bajo un enfoque de seguridad humana para salvaguardar la vida y la integridad de los habitantes de Sitionuevo.

Las Alertas Tempranas son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de las comunidades.