La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para que las entidades responsables tomen medidas inmediatas ante la grave situación que enfrentan los beneficiarios de los subsidios en el municipio de Magangué, Bolívar.

Las largas filas evidenciadas desde hace siete días bajo condiciones climáticas extremas, como temperaturas que superan los 37°C o las lluvias, no solo vulneran la dignidad de las personas, sino que además constituyen una violación a sus derechos humanos.

A ello se suma la falta de acceso a baños públicos y de espacios adecuados para la espera, como sillas, lo que agrava aún más la situación, especialmente cuando se trata de personas mayores, mujeres embarazadas y usuarios provenientes de áreas rurales, quienes a menudo deben viajar largas distancias para recibir sus pagos.

El único punto de pago de Reval, operador del Banco Agrario, no cuenta con la capacidad logística para atender de manera eficiente a alrededor de 700 personas beneficiarias que diariamente intentan cobrar sus subsidios de los programas de renta ciudadana y devolución de IVA.

Aunque se han implementado soluciones temporales como la asignación de un cajero adicional, esta medida no ha resuelto los problemas estructurales. La falta de un espacio adecuado y de personal suficiente sigue generando condiciones inhumanas para los usuarios, que, en muchos casos, deben esperar durante horas o incluso desde el día anterior para recibir su dinero.

Por ello, desde el ente nacional de derechos humanos se exhorta al Banco Agrario y a las autoridades competentes actúen de manera decidida y efectiva para garantizar condiciones dignas en la atención a los ciudadanos. Es necesario ampliar los puntos de pago, mejorar la infraestructura existente y asegurar que se respeten los derechos fundamentales de quienes dependen de estos subsidios. No es aceptable que las personas tengan que soportar largas esperas en condiciones tan precarias, lo que afecta no solo su bienestar físico, sino también su derecho a un trato humanizado.