Defensoría refuerza vigilancia en Puerto Nariño, Amazonas, ante brechas en derechos de personas con discapacidad y riesgos para poblaciones migrantes
- Vie, 27 feb 2026
De 105 personas con discapacidad identificadas en Puerto Nariño, solo tres tienen certificado oficial. Ese dato encierra una realidad profunda: cientos de personas enfrentan barreras invisibles para acceder a salud, educación y protección social. La Defensoría del Pueblo llegó al territorio para advertirlo y exigir respuestas.
Solo tres de las 105 personas con discapacidad caracterizadas en Puerto Nariño cuentan con certificado oficial, una cifra que motivó el llamado de atención de la Defensoría del Pueblo ante las barreras que representa para el acceso efectivo a derechos, programas sociales y servicios del Estado.
El dato fue dado a conocer durante la visita institucional que la Defensoría del Pueblo realizó al municipio a través de la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y la Regional Amazonas. En el marco de esa visita, la entidad participó en el Comité Municipal de Habitantes de Calle y el Comité Municipal de Personas con Discapacidad, espacios en los que evaluó el estado de las garantías para estas poblaciones.
Durante la jornada, la entidad reconoció, además, los avances de la administración municipal en la activación de estas instancias de participación. Sin embargo, instó a incorporar el enfoque étnico en las decisiones y a consolidar acciones preventivas frente a riesgos asociados al incremento de flujos migratorios en la frontera entre Colombia y Perú.
Aunque en Puerto Nariño no se registran actualmente personas en situación de calle, la Defensoría explicó que el comité respectivo opera como mecanismo de prevención ante eventuales situaciones derivadas del incremento de personas en contexto de movilidad humana en la zona de frontera.
Brecha crítica en certificación de discapacidad
La Defensoría recordó las responsabilidades del Ministerio Público y de la Gobernación del Amazonas en el reconocimiento de la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, especialmente a través de valoraciones de apoyo que permitan el ejercicio autónomo de sus derechos.
Las acciones del comité están orientadas a cerrar esta brecha y promover garantías en educación, trabajo y salud mediante políticas de inclusión. Por su parte, la Defensoría anunció que acompañará y vigilará la implementación de estas medidas.
Participación indígena y derecho humano a la alimentación
Dado que Puerto Nariño es un municipio habitado mayoritariamente por pueblos indígenas con presencia ancestral, la Defensoría subrayó que el principal desafío es asegurar la participación de las autoridades tradicionales y que las políticas públicas incorporen sus prácticas propias.
Finalmente, se anunció que se explorará un apoyo técnico para la construcción y reformulación de la política pública del derecho humano a la alimentación, con el fin de avanzar en la garantía efectiva de este derecho en el territorio amazónico.
