Al aproximarse la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y a partir de un estudio de caracterización regional en los departamentos de Córdoba, Chocó, Caquetá y Santander, la Defensoría del Pueblo realizó un diagnóstico sobre los principales factores de riesgo para la población femenina con ocasión del conflicto armado.

Además de los factores generales de pobreza e inequidad en el campo, como la exclusión laboral, las barreras de acceso a bienes y servicios, la desigualdad frente al acceso a la educación y la relación asimétrica en la concentración de la tierra, entre otros, la Defensoría evidenció que las dinámicas rurales mediadas por el conflicto armado constituyen una variable de primer orden en contra de los derechos de las mujeres.

Al cabo de un estudio en terreno realizado por el Sistema de Alertas Tempranas de la Institución y la Delegada para los Derechos de la Mujer y Asuntos de Género, se identificaron cuatro fenómenos de gran influencia: 1. La minería ilegal asociada a la explotación sexual de mujeres y niñas, 2. Las economías ligadas al narcotráfico, 3. La explotación indiscriminada de hidrocarburos que arrasa con la propiedad territorial, y 4. La persecución a las lideresas en los procesos de restitución de tierras.

La última de estas variables se presenta con mayor fuerza en el departamento de Córdoba, particularmente en los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y Valencia, donde es apremiante la necesidad de retorno de la población femenina en resguardos como Alto Sinú, Esmeralda, Cruz Grande, Iwagado y Quebrada Cañaveral. La Defensoría del Pueblo pudo constatar cómo los grupos armados posdesmovilización mantienen estrategias de despojo y concentración de tierras, a la vez que amenazan y en algunos casos atentan contra las mujeres que encabezan los procesos de restitución, hechos que sumados a la informalidad jurídica que ronda los títulos de propiedad, impide el ejercicio de los derechos.

En Chocó, la consolidación de entables mineros ligados a una industria aurífera criminal, ha significado el auge de sitios aledaños a los complejos de extracción, en los cuales se explota sexualmente a las mujeres y niñas, en muchas ocasiones con el conocimiento de los esposos y padres de familia, quienes son amenazados y en el mejor de los casos reciben dinero bajo intimidaciones como compensación por el abuso de sus compañeras e hijas. Lo anterior sin contar con la circulación de estupefacientes alrededor de estos lugares, la destrucción de la capa vegetal y la contaminación de las fuentes de agua.

En Caquetá, la amenaza para las mujeres en las áreas rurales la constituyen las economías cocaleras, controladas principalmente por la guerrilla, y que conllevan actividades de control social en las zonas de cultivo de hoja de coca y procesamiento de alcaloides, donde las mujeres no pueden transitar con libertad y son víctimas de las minas antipersonal.

Finalmente, en Santander, donde se focalizó el último estudio de caso documentado por la Defensoría, es la explotación creciente de hidrocarburos y el acaparamiento de tierras a partir de la compra a adjudicatarios baldíos, el despojo y desplazamiento de comunidades, así como el fortalecimiento de un mercado informal de terrenos para abrirle espacio a esa actividad de explotación, el mayor atropello contras las mujeres que habitan los espacios rurales en el Magdalena Medio.

Este diagnóstico, sumado a escenarios de riesgo como la radicalización en las movilizaciones agrarias y el conflicto por las tierras en regiones como el departamento del Cauca, agudiza un panorama en el que las mujeres se constituyen en víctimas de diferentes situaciones.

Según cifras oficiales, el año pasado fueron asesinadas 1.106 mujeres en el país, 307 de ellas en las zonas rurales. En el mismo período fueron reportados 16.088 delitos sexuales contra mujeres, 1.558 de los cuales tuvieron como escenario los centros poblados y las áreas rurales dispersas. De acuerdo con la Policía Nacional, durante 2014 6.491 mujeres fueron blanco de amenazas, 706 de ellas en el campo.

 incluyendo al Ministerio de Agricultura, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Unidad de Restitución de Tierras, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y al Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), entre otras, para que se emprendan acciones como:

Incluir, durante la última fase del Censo Nacional Agropecuario, encuestas especializadas que permitan identificar las condiciones de las mujeres rurales respecto a la propiedad y tenencia de la tierra.

 Fomentar el fortalecimiento del programa de promoción de sedes seguras para las organizaciones de mujeres en las zonas rurales.

Reglamentar y consolidar la participación efectiva de las mujeres en los espacios de decisión sobre las políticas de desarrollo rural.

Y revisar e implementar las medidas de protección necesarias, de acuerdo con los niveles de riesgo determinados, para garantizar el derecho a la vida e integridad de las mujeres rurales, así como sus demás derechos.