Defensoría advierte sobre graves vulneraciones de derechos humanos y afectaciones a ecosistemas a causa de la minería ilegal
- Jue, 19 mar 2026
Desde 2018, la Defensoría ha emitido 124 Alertas Tempranas por el riesgo de vulneración de derechos en zonas de extracción mineral en todo el país. En ese contexto, en el foro El futuro de la minería: entre la explotación ilegal y los retos legales del Estado, la entidad manifestó su preocupación por la afectación persistente a comunidades y ecosistemas a causa de esta práctica.
Más allá de la legalidad o la ilegalidad, indicó la Defensoría, esta actividad afecta las fuentes hídricas, los ecosistemas, los medios de vida, la salud comunitaria y la posibilidad misma de que muchas poblaciones se vean limitadas a vivir con dignidad en sus territorios. Y lo que hace la criminalidad organizada alrededor de la minería, en algunos casos ha derivado en desplazamientos forzados, confinamientos, agresiones sexuales y homicidios.
La entidad hizo énfasis durante su intervención en el foro, organizado por El Tiempo, la Revista Portafolio y la Federación Nacional de Departamentos (FND), que la presencia integral del Estado es de vital importancia para la protección de comunidades y liderazgos en contextos de minería ilegal.
En las acciones de las autoridades, remarcó, debe haber una diferenciación entre criminalidad organizada y poblaciones de subsistencia o minería ancestral. Una respuesta eficaz debe combinar una acción contundente contra la criminalidad organizada con garantías reales de derechos para las comunidades: protección, atención a víctimas, prevención del riesgo, recuperación ambiental y presencia integral del Estado, así como garantías efectivas de información, participación y justicia para todas las personas involucradas con esta práctica.
El reto de fondo es que haya una respuesta estatal frente a la criminalidad, pero también diferenciada e integral frente a los derechos de las personas y de los territorios.
La Defensoría continuará haciendo seguimiento en los territorios más afectados, y exhorta a las autoridades competentes a implementar medidas verificables y coordinadas que protejan la vida, los ecosistemas y la dignidad de las comunidades.

