Organizaciones campesinas de 26 veredas del municipio de Calamar (Guaviare), cuyos territorios hacen parte de la Zona de Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959, unieron esfuerzos para avanzar en la consolidación de una figura de ordenamiento territorial que les permita fortalecer la tenencia de la tierra y la protección ambiental.

Nace la ZRC Guardianes del Chiribiquete

Fruto de este trabajo colectivo nació la Zona de Reserva Campesina Guardianes del Chiribiquete (ZRC-GCH), en cumplimiento de la Ley 160 de 1994, que establece el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, los decretos 1071 de 2015 y 1174 de 2024 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), y el Acuerdo 488 de 2025 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Audiencia pública con participación institucional

El pasado 25 de octubre de 2025 se realizó en Calamar la Audiencia Pública de Socialización de los Objetivos del Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC-GCH. En este espacio, las organizaciones campesinas presentaron su propuesta ante autoridades nacionales, regionales y locales, así como ante diferentes organizaciones sociales, con el propósito de recibir observaciones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento del plan.

Acompañamiento de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo junto con las Delegadas para los Derechos Colectivos y del Ambiente y para Asuntos Agrarios, Territorialidades y Derechos del Campesinado, participó activamente en la jornada, reafirmando su compromiso de acompañamiento permanente a las comunidades campesinas del territorio.

La entidad destacó la importancia de garantizar la participación efectiva de la población rural en los procesos de planificación territorial y de velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades competentes.

Llamado a cumplir compromisos institucionales

Finalmente, la entidad exhortó a las instituciones del orden nacional y territorial a cumplir cabalmente los compromisos asumidos, con el fin de reducir las brechas existentes entre el Estado y las comunidades campesinas de la Amazonía, y contribuir así a la protección de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en territorios históricamente afectados por la falta de presencia institucional.