• En su intervención ante el 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, sostuvo que el fenómeno no puede abordarse únicamente desde una perspectiva penal o de seguridad, pues no toda persona vinculada responde a la misma categoría jurídica.
• Entre enero y agosto de 2026, la entidad recibió 293 casos relacionados con el conflicto entre Rusia y Ucrania, con fuertes afectaciones familiares y socioeconómicas.
   

La Defensoría del Pueblo de Colombia reconoció la gravedad del mercenarismo y sus impactos sobre los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la paz y la libre determinación de los pueblos. Durante el 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que "este fenómeno no puede abordarse únicamente desde una perspectiva penal o de seguridad, pues no toda persona colombiana vinculada a un conflicto extranjero responde necesariamente a una misma categoría jurídica".

Según explicó, la entidad ha hecho seguimiento a situaciones asociadas con falsas promesas laborales, engaño, explotación, restricciones a la libertad, confiscación de documentos y abuso de condiciones de vulnerabilidad, que pueden corresponder a formas de reclutamiento predatorio, trata de personas o explotación laboral.

Entre enero y agosto de 2026, la Defensoría recibió 293 casos relacionados con Rusia y Ucrania. El 76.9% de los combatientes era cabeza de hogar y, de quienes reportaron el caso a la entidad, el 92.3% eran mujeres. El 88.5% de ellas asumió posteriormente la jefatura del hogar, y el 98% manifestó afectaciones físicas o mentales asociadas a la incertidumbre sobre la situación de su familiar.

Para la Defensoría, una preocupación central son las familias buscadoras. Marín Ortiz fue enfática al señalar que "ninguna categoría jurídica atribuida a una persona puede justificar que su familia quede privada de información, asistencia consular, acompañamiento jurídico y psicosocial o de mecanismos efectivos para establecer su suerte, paradero, repatriación y entrega digna de sus restos".

Por ello, la entidad hizo un llamado al Estado y a la comunidad internacional a fortalecer la prevención estructural; regular y supervisar eficazmente a las empresas, agencias e intermediarios que participan en procesos de reclutamiento transnacional; investigar las conexiones entre mercenarismo, trata de personas y explotación laboral; fortalecer la cooperación internacional; y construir una ruta permanente de atención para las familias, con especial protección para las mujeres buscadoras.

"Combatir el mercenarismo y proteger los derechos humanos no son objetivos contraproducentes", señaló la defensora del pueblo. Colombia debe impedir que redes transnacionales se aprovechen de la experiencia militar y de las vulnerabilidades socioeconómicas de sus ciudadanos, "pero también garantizar que ninguna persona ni ninguna familia quede fuera de la protección del Estado", agregó, sin perjuicio de la responsabilidad penal que quepa por la eventual comisión de delitos, especialmente aquellos que afectan la dignidad humana.