Mocoa, Putumayo, 18 de septiembre de 2026 (@defensoriacol). La Defensoría del Pueblo y de la Naturaleza envió un requerimiento de información y adopción de medidas preventivas a autoridades territoriales y ambientales del Putumayo frente a la mortandad de peces, los olores ofensivos y la posible afectación de la calidad del agua reportadas en el río San Miguel y en sectores asociados a la cuenca del río Putumayo. 

Los requerimientos fueron enviados a la Gobernación del Putumayo, las alcaldías de San Miguel y Puerto Leguízamo, y la Dirección Territorial Putumayo de Corpoamazonia. Las entidades deberán responder dentro de los tres días siguientes a la notificación.

La actuación defensorial se produce tras un comunicado expedido el 16 de septiembre por la Alcaldía de San Miguel y los registros divulgados por habitantes de la región, en los que se advierten fuertes olores, acumulación de material orgánico, condiciones anómalas del agua y peces muertos. La situación ha generado preocupación e incertidumbre entre las comunidades ribereñas que dependen de estos ríos para el consumo de agua, la pesca, su alimentación y sus actividades productivas.

A la Gobernación y a las alcaldías, la Defensoría les solicitó informar sobre las acciones de respuesta y coordinación interinstitucional realizadas; la evaluación de alternativas temporales de abastecimiento de agua potable; la eventual declaratoria o valoración de una situación de emergencia y las decisiones adoptadas en los consejos territoriales de gestión del riesgo.

A Corpoamazonia le requirió reportar las actuaciones técnicas, ambientales y administrativas adelantadas, así como los resultados preliminares o definitivos de las muestras de agua, sedimentos, flora y fauna acuática recolectadas. También deberá informar las hipótesis técnicas sobre las posibles causas de la mortandad de peces y los olores reportados, e indicar si se han identificado fuentes potenciales de contaminación asociadas con actividades extractivas, industriales, agrícolas, pecuarias o de otra naturaleza.

La posible incidencia de actividad minera deberá ser esclarecida mediante evidencia técnica. En los requerimientos se solicitó determinar las causas de la situación reportada, pero mientras estas se esclarecen, el principio de precaución demanda adoptar medidas preventivas frente a posibles riesgos para las comunidades y el ecosistema, así como brindar información clara y oportuna sobre las condiciones para el consumo de agua, la pesca y el contacto con los ríos. 

Esta situación puede tener efectos más allá del lugar donde fue detectada: el río San Miguel desemboca en el Putumayo, que a su vez hace parte de la cuenca amazónica. Por tratarse de un sistema hídrico de carácter transfronterizo, resulta necesario fortalecer el seguimiento de la situación y, de ser necesario, la coordinación con las autoridades del Ecuador frente a una eventual propagación de la afectación.

La entidad continuará acompañando a las comunidades y verificará las respuestas institucionales, los resultados de los análisis y la adopción de medidas efectivas para proteger el derecho al agua, la seguridad alimentaria, la salud de las comunidades y el equilibrio ambiental de la región.