• Los reptiles concentraron el mayor número de registros, con 121.070 individuos afectados. Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba presentaron los mayores reportes entre las autoridades ambientales que suministraron información.
• De los animales registrados, 36.580 fallecieron y en 41.723 casos no hubo información sobre su destino final. La Defensoría advierte vacíos en la trazabilidad y reitera la necesidad de implementar el sistema de información previsto en la Ley 2153 de 2021.

Bogotá, 25 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo y la Naturaleza presentó el Especial digital y el Tablero dinámico sobre tráfico de fauna silvestre en Colombia. La investigación documentó 164.929 animales afectados por esta práctica entre 2021 y 2024, a partir de la información recopilada de 34 corporaciones autónomas regionales.

“La naturaleza no puede ser entendida únicamente como un recurso de las personas. Tiene un valor propio y merece ser protegida por lo que es, por las relaciones que sostiene y por las formas de vida que alberga”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

La Defensora destacó que esta perspectiva implica reconocer que la protección de los derechos humanos y la protección de la naturaleza no son caminos separados. “Hablar de derechos de la naturaleza significa ampliar nuestra mirada”, señaló.

Los reptiles fueron los más afectados, con 121.070 individuos reportados, seguidos por las aves (18.094) y los mamíferos (10.926). Entre las especies con más registros están Iguana iguana (76.375), Trachemys callirostris (10.918), Trachemys scripta (10.177), Chelonoidis carbonaria (4.897) y Caiman crocodilus (4.439). Los departamentos de Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba concentraron los mayores reportes entre las autoridades que respondieron.

La información recopilada también permitió conocer qué ocurrió con una parte de los animales después de ingresar a la atención institucional. De los 164.929 registrados, 39.697 fueron liberados, 40.162 quedaron bajo manejo en Centros de Atención y Valoración (CAV) o Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) y 36.580 fallecieron. En 41.723 casos no hubo información sobre su destino final.

Estos resultados evidencian vacíos en la trazabilidad de los animales, diferencias en los sistemas y criterios de reporte de las autoridades ambientales y capacidades distintas para su atención. Además, muestran las dificultades para establecer la verdadera magnitud del tráfico de fauna silvestre en el país.

Para la elaboración de la investigación se consolidó información sobre incautaciones, decomisos, aprehensiones y entregas voluntarias. Estos datos permitieron identificar patrones territoriales, especies afectadas, causas del tráfico, estrategias de prevención, infraestructura disponible y capacidades institucionales para atender a los animales.

“Conocer dónde ocurre el fenómeno, qué especies están siendo afectadas, cómo ingresan los animales a las autoridades ambientales, qué sucede con ellos después y cuáles son las capacidades institucionales existentes nos permite mirar la problemática con mayor profundidad y, sobre todo, comprender dónde debemos fortalecer nuestra respuesta. La información es un instrumento para adoptar medidas institucionales”, explicó Iris Marín Ortiz.

Los 164.929 animales registrados como afectados no representan la totalidad del tráfico de fauna silvestre en Colombia. La cifra corresponde a la información disponible para el análisis a partir de los reportes recibidos. Las diferencias en la disponibilidad, calidad y estandarización de los registros dificultan dimensionar el fenómeno y hacer seguimiento a lo que ocurre con los animales afectados.

La Ley 2153 de 2021 ordena la creación de un sistema de información para controlar, prevenir y evitar el tráfico de fauna silvestre. Su implementación permitiría contar con registros oficiales, estandarizados y actualizados, fortalecer la coordinación entre las entidades y mejorar la toma de decisiones.

“Desde la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza queremos hacer una apuesta por una institucionalidad que no solamente reaccione frente al daño, sino que sea capaz de prevenirlo, comprenderlo y actuar oportunamente para evitar que continúe ocurriendo”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Consulte el Especial digital de tráfico de fauna silvestre y el Tablero dinámico aquí: