• Los hallazgos del informe muestran que la institucionalización prolongada se ha convertido en una respuesta habitual ante la falta de alternativas de cuidado. 
• Entre 2022 y 2025, el Instituto Nacional de Salud registró 10.942 notificaciones de posible negligencia y abandono contra personas mayores. 
• La falta de recursos, las fallas en las rutas de atención y la desarticulación institucional impiden garantizar el derecho fundamental a una vida digna. 

 

La ausencia de alternativas de cuidado está llevando a que personas mayores y con discapacidad permanezcan de manera prolongada en hospitales, centros psiquiátricos y establecimientos de larga estancia, no por exigencia de su condición, sino por la falta de opciones que permitan su egreso y el desarrollo de una vida digna en comunidad. 

Así lo evidencia el informe Radiografía del abandono y la institucionalización prolongada de personas mayores y con discapacidad, elaborado por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de la orden decimoquinta de la Sentencia SU-367 de 2025 de la Corte Constitucional. En agosto, Mes de las Personas Mayores en Colombia, la Defensoría retoma sus principales hallazgos para llamar la atención sobre una problemática que el diagnóstico identifica como estructural. 

El abandono es una forma de violencia que ocurre cuando una persona en situación de vulnerabilidad no puede procurarse por sí misma condiciones mínimas de subsistencia y quienes deberían apoyarla —familia, comunidad o Estado— no lo hacen por indiferencia, falta de recursos, ausencia de servicios o ruptura de vínculos. 

Una de sus consecuencias es la institucionalización prolongada, entendida como la permanencia extendida en instituciones de cuidado o establecimientos hospitalarios sin garantías para desarrollar el proyecto de vida, mantener vínculos significativos ni acceder a rutas efectivas de egreso. Cuando deja de ser transitoria y se convierte en la única respuesta ante la falta de alternativas comunitarias, familiares o estatales, profundiza el desarraigo y la pérdida de autonomía. 

La Corte Constitucional estableció en la Sentencia SU-367 de 2025 que la institucionalización prolongada solo es admisible bajo criterios de estricta necesidad, temporalidad, proporcionalidad y respeto por la voluntad de la persona, e instó a la articulación de políticas públicas y al fortalecimiento del cuidado comunitario. 

 

Cifras de una problemática estructural 

Entre 2022 y 2025, el Instituto Nacional de Salud registró 10.942 notificaciones de posibles casos de negligencia y abandono contra personas mayores. El grupo de 70 a 79 años concentró el mayor número de notificaciones y, durante el mismo periodo, los casos de abandono reportados en instituciones de salud aumentaron de 104 en 2022 a 237 en 2025. 

El diagnóstico territorial también evidencia esta situación. De los 551 municipios que respondieron, equivalentes al 50 % del total del país, 386 reportaron 7.891 personas mayores en situación de abandono institucionalizadas. 

En el caso de las personas con discapacidad, el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad identificó 17.362 personas localizadas de manera permanente en una institución entre junio de 2020 y febrero de 2026, de las cuales 6.102 tienen 60 años o más. Entre las personas institucionalizadas, 7.582 se identificaron con el género masculino y 5.393 con el género femenino, y las discapacidades múltiple, intelectual y psicosocial son las que se encuentran en mayor proporción. 

A este panorama se suma que, del total de 642.243 personas caracterizadas en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, 12.184 no cuentan con ninguna red de apoyo, lo que las expone directamente al riesgo de abandono. 

Por su parte, entre enero de 2024 y enero de 2026, la Defensoría del Pueblo identificó 352 casos de personas mayores o personas con discapacidad en posible situación de abandono social o institucionalización prolongada. 

Los hallazgos muestran que la institucionalización, en lugar de operar únicamente como una medida excepcional, continúa utilizándose de manera recurrente ante la ausencia o el debilitamiento de apoyos familiares y comunitarios, en un contexto en el que las alternativas para la vida independiente y en comunidad son limitadas. 

 

Barreras que perpetúan la institucionalización 

El informe identifica barreras que dificultan prevenir el abandono y superar la institucionalización prolongada. Entre ellas están la insuficiencia de recursos propios de los municipios y la ausencia de fuentes nacionales específicas de financiación, así como las limitaciones de política pública y de oferta institucional y las dificultades de articulación entre los sectores responsables. 

A estas se suman la fragmentación entre los sistemas de salud y social, los vacíos de competencia, la ausencia de rutas claras de atención y egreso y las dificultades para acceder a la oferta existente. El diagnóstico también advierte debilidades en los protocolos y en la revisión periódica de los casos, además de las limitaciones de los sistemas de información para establecer la magnitud real del abandono y la institucionalización prolongada. 

 

El cuidado es un derecho humano  

El informe recuerda que el cuidado es un derecho humano autónomo y una necesidad humana fundamental, que comprende la posibilidad de recibir, brindar y procurarse condiciones para el bienestar integral y el desarrollo del proyecto de vida, bajo un principio de corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad. 

El Ministerio Público insta a las entidades competentes a actuar con la urgencia que demanda la magnitud del problema y con la coherencia que exigen los compromisos constitucionales e internacionales del Estado colombiano. 

 

Para conocer en detalle los hallazgos territoriales, las cifras completas y las recomendaciones del Ministerio Público para superar esta problemática estructural, le invitamos a consultar el documento.

• Descargue y lea completo el informe: Radiografía del abandono y la institucionalización prolongada de personas mayores y con discapacidad aquí