En el marco de la estrategia de intervención para la respuesta integral a la crisis humanitaria en el municipio de El Bagre, Antioquia, la Defensoría del Pueblo lideró una jornada Buen Futuro Hoy, mediante la cual 243 personas accedieron a servicios de orientación, atención y acompañamiento institucional. 

La jornada se llevó a cabo en un contexto de alta vulnerabilidad, derivado del escalamiento de la confrontación armada que impacta de manera directa a la población campesina y agrominera de la zona. Esta situación ha provocado desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad, desabastecimiento, pérdida de medios de vida y severas limitaciones para el acceso a servicios esenciales como salud, educación y alimentación. 

Durante tres días de labor, la Regional Bajo Cauca Antioqueño, en articulación con la organización Mercy Corps y la Personería Municipal de El Bagre, promovió la garantía de los derechos humanos y facilitó el acercamiento de la oferta estatal a quienes habitan en las comunidades de Arenas Blancas, Bocas de Chicamoqué y El Socorro, territorios que enfrentan barreras históricas para acceder a la institucionalidad. 

 

En total se brindaron 243 atenciones institucionales: 101 en el componente de salud, 22 en atención a personas víctimas del conflicto armado, 17 en garantía de derechos de la infancia, 3 en trámites del Sisbén y 99 en otros servicios de orientación, entre los cuales se destacan asesorías jurídicas, interposición de acciones constitucionales y pedagogía sobre las distintas rutas de atención estatal. 

En materia de salud, se prestaron servicios de medicina general, seguimiento al crecimiento y desarrollo, valoración nutricional, atención psicológica y controles ginecológicos para personas gestantes. Asimismo, la jornada permitió recepcionar quejas sobre la prestación de los servicios de salud, brindar apoyo en trámites ante las EPS y adelantar procesos de caracterización de la población atendida para fortalecer el goce efectivo de sus derechos. 

Esta estrategia interinstitucional busca romper el aislamiento histórico de las zonas rurales, asegurando que la oferta del Estado llegue de forma oportuna a los territorios donde más se necesita y garantizando el ejercicio pleno de los derechos de sus comunidades.