Tumaco (Nariño),10 de junio de 2026 (@DefensoriaCol). Los resultados de una misión de verificación en terreno realizada durante seis días por la Defensoría del Pueblo en la frontera colombo-ecuatoriana y la costa Pacífica de Nariño dan cuenta de una preocupante crisis humanitaria, la cual, en consecuencia, debe llamar la atención de las autoridades competentes. 

Lo hecho en el territorio partió de la necesidad de hacerle seguimiento a la Alerta Temprana Binacional 001 de 2023 emitida entre las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador, así como a dos memorandos de entendimiento entre los dos entes de derechos humanos.

La entidad, que recorrió los municipios colombianos de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, Mosquera e Ipiales, así como las localidades ecuatorianas de Rumichaca, Tulcán, Maldonado y el resguardo indígena Agua de Nulpe Alto, constató cómo el conflicto armado, las economías ilegales y la débil presencia institucional continúan afectando gravemente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas que allí habitan.

Entre los principales hallazgos, la Defensoría identificó la expansión de la minería ilegal y los cultivos de hoja de coca como amenazas estructurales para los territorios de frontera. En Ecuador verificó la existencia de socavones activos y graves afectaciones ambientales derivadas de actividades mineras desarrolladas sin procesos adecuados de consulta previa con las comunidades indígenas. 

Asimismo, evidenció que las disputas por el control de la minería generan bloqueos que impiden el ingreso de alimentos y bienes esenciales. Al momento de la visita defensorial, el resguardo Agua de Nulpe Alto completaba cinco días sin recibir alimentos.

Recopiló, adicionalmente, testimonios que evidencian el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes para actividades relacionadas con la minería ilegal, el transporte de insumos bélicos y otras formas de vinculación a grupos armados ilegales. Esta situación, además del bloqueo de rutas fluviales y caminos selváticos, mantiene en condiciones de confinamiento a numerosas comunidades.

A esto se suma una profunda crisis en el acceso a servicios básicos. El municipio de Mosquera fue identificado como un caso emblemático debido a la ausencia de agua potable. Sus habitantes dependen exclusivamente del agua lluvia para el consumo y las labores de saneamiento, una situación que se replica en distintos niveles en otros territorios de la zona fronteriza.

Dado el panorama descrito, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al fortalecimiento de la articulación institucional e internacional para atender las problemáticas identificadas, valorando el trabajo conjunto hecho con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH en Colombia) y Save the Children. 

Igualmente, insta a las autoridades competentes a implementar medidas inmediatas que garanticen la protección de la vida, aseguren la atención humanitaria y consoliden una presencia efectiva y permanente del Estado en estos territorios de alta vulnerabilidad.