La Defensoría del Pueblo destacó la decisión de la Sentencia SU-066 de 2026 de la Corte Constitucional, que amparó los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de Andrea*, dejando sin efectos la sentencia de julio de 2024 mediante la cual el Consejo de Estado le había decretado la pérdida de su investidura como concejala.

La decisión reitera la importancia de implementar el enfoque de género en las decisiones judiciales, en particular en casos que involucran el derecho a la participación política de las mujeres.

Andrea fue sancionada con pérdida de investidura por no haberse posesionado como concejala en enero de 2020. Tenía derecho al cargo por el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de 2018), tras ser la segunda en votos en las elecciones a la alcaldía de Berlín* de 2019.

Tras las elecciones de octubre de 2019, Andrea aceptó la curul de oposición; pero en enero de 2020, en la sesión de instalación del Concejo, manifestó su decisión de no tomar posesión del cargo de concejala. La razón alegada fue un embarazo de alto riesgo que, según consta en el proceso, se presentó tras un accidente a caballo durante la campaña política de 2019 y se agravó durante noviembre de ese mismo año, entre la aceptación de la curul de oposición y la instalación del Concejo de Berlín.

En 2023, Andrea, madre de cuatro hijos, se presentó nuevamente como candidata a la Alcaldía de Berlín y fue electa para el periodo constitucional 2024-2027, cargo del cual tomó posesión en enero de 2024.

Fue solo en 2023 cuando un ciudadano impulsó una demanda contra la alcaldesa electa, argumentando que las razones que sostuvo para no posesionarse no constituían un motivo de fuerza mayor, por lo que debía proceder la pérdida de investidura en atención al artículo 48 No. 3º de la Ley 617 de 2000.

Concepto de la Defensoría

En su intervención ante la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo sostuvo que la ausencia de una implementación adecuada del enfoque de género constituye un defecto grave que motiva la procedencia de tutelas contra decisiones judiciales.

La Defensoría señaló que las diferentes instancias que revisaron el caso no habrían realizado una evaluación suficiente de las pruebas aportadas por la demandada, que documentaban la gravedad del riesgo de su embarazo y la "fuerza mayor" detrás de su decisión de no posesionarse.

Dada la severidad de la sanción, que inhabilita al actor político para ser elegido en el futuro, el proceso tras la decisión de pérdida de investidura debe ser especialmente riguroso. En este caso, el deber de rigurosidad se refuerza en tanto la curul correspondía a un derecho político consagrado en el Estatuto de la Oposición, otorgado a un actor subrepresentado en el ejercicio de la política, como lo son las mujeres.

Las mujeres experimentan desigualdades estructurales en ámbitos laborales debido a los roles y estereotipos de género dominantes, lo que las hace vulnerables a diferentes formas de violencia en espacios históricamente masculinizados como la política. Si bien las mujeres en política implementan estrategias informales para navegar dichas desigualdades, es responsabilidad del Estado asegurar que puedan asumir su maternidad, si así lo desean, sin que esto vaya en detrimento de su derecho a la participación política.

*Andrea y Berlín, nombres cambiados.