• La Defensoría del Pueblo advierte que el incumplimiento en los pagos a la red hospitalaria ya provocó la cancelación de cerca de 8.000 citas médicas y amenaza la continuidad de los servicios de salud para más de la mitad de la población del departamento. 

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la crítica situación que enfrenta la garantía del derecho fundamental a la salud de las personas afiliadas a Nueva EPS en Boyacá, debido a las dificultades financieras y operativas que afectan la continuidad de la prestación de los servicios. La entidad evidenció que los problemas de cartera con la red hospitalaria, las demoras en la entrega de medicamentos, los retrasos en autorizaciones y la cancelación masiva de citas médicas están generando barreras que ponen en riesgo la atención oportuna de miles de personas usuarias. 

La preocupación es mayor si se tiene en cuenta que Nueva EPS es el principal asegurador del departamento. Con corte a 2026 registra 625.873 personas afiliadas, de las cuales 415.528 pertenecen al régimen subsidiado (66,39 %) y 210.345 al régimen contributivo (33,61 %). Frente a una población estimada de 1.198.295 habitantes, la EPS concentra el 52,23 % de la población de Boyacá, por lo que cualquier dificultad en la prestación de los servicios tiene un impacto directo sobre más de la mitad de los habitantes del departamento. 

La Defensoría señaló que esta alta concentración de usuarios y usuarias convierte la situación de Nueva EPS en un asunto de especial interés para la protección del derecho a la salud, ya que una eventual interrupción de los servicios afecta de manera masiva a pacientes que dependen de consultas, tratamientos, medicamentos y procedimientos para preservar su vida y su bienestar. 

Una deuda superior a $173.000 millones compromete la red pública hospitalaria 

Uno de los principales hallazgos corresponde a la situación financiera entre Nueva EPS y la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, principal institución de alta complejidad del departamento. De acuerdo con la información suministrada por el hospital, la cartera pendiente de pago asciende a $173.452.887.644, con corte al 31 de julio de 2026, una cifra que compromete la sostenibilidad financiera del principal prestador de servicios especializados de Boyacá. 

A esta situación se suma el incumplimiento de los acuerdos de pago suscritos entre ambas entidades. El hospital informó que existen compromisos por $72.000 millones, de los cuales únicamente se han pagado $5.000 millones. Otros $10.000 millones permanecen en trámite, mientras que $57.000 millones corresponden a acuerdos incumplidos durante 2025 y 2026. Para la Defensoría, esta situación evidencia un deterioro en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria, limitando la capacidad de respuesta del principal centro asistencial del departamento frente a la creciente demanda de servicios. 

La entidad advirtió que la persistencia de estos incumplimientos puede traducirse en restricciones operativas para los hospitales, dificultades para contratar talento humano, limitaciones en la compra de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, así como afectaciones en la prestación de servicios especializados y de alta complejidad. 

Las y los usuarios ya enfrentan las consecuencias 

La Defensoría identificó que las dificultades financieras ya están repercutiendo directamente sobre los pacientes. Entre las principales afectaciones reportadas se encuentran las demoras en la entrega de medicamentos, la cancelación de citas previamente programadas, los retrasos en autorizaciones para procedimientos, las limitaciones en servicios complementarios y el impacto económico que enfrenta la red prestadora por la acumulación de cartera. 

La situación resulta especialmente preocupante para las personas que gozan de especial protección constitucional, como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades huérfanas, crónicas o de alto costo, quienes requieren tratamientos permanentes y acceso continuo a los servicios de salud. 

Uno de los efectos más visibles de esta crisis fue reportado por el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, que informó la cancelación de aproximadamente 8.000 citas médicas programadas para el mes de agosto de 2026 para personas afiliadas a Nueva EPS. La suspensión afecta consultas especializadas, controles médicos, procedimientos diagnósticos y seguimientos clínicos indispensables para garantizar la continuidad de los tratamientos. 

La Defensoría advirtió que esta decisión incrementará los tiempos de espera para la atención, aumentará la congestión de la red hospitalaria y retrasará diagnósticos y tratamientos, con mayores riesgos para pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo. Asimismo, reiteró que estas situaciones reflejan cómo los problemas financieros entre aseguradores y prestadores terminan trasladándose directamente a los usuarios, generando nuevas barreras para acceder a los servicios de salud. 

Llamado urgente para proteger el derecho a la salud 

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo instó a Nueva EPS a adoptar de manera inmediata medidas administrativas, financieras y operativas que permitan garantizar la atención integral de las personas usuarias, restablecer el flujo de recursos hacia la red prestadora, cumplir oportunamente los acuerdos de pago suscritos con las instituciones hospitalarias, asegurar la entrega oportuna de medicamentos y fortalecer los procesos de autorización y referencia para eliminar barreras administrativas. 

De igual manera, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud ejercer un seguimiento permanente, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, a las medidas que adopte Nueva EPS para garantizar la protección efectiva del derecho fundamental a la salud de sus afiliados en Boyacá. 

La Defensoría reiteró que la continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud no puede verse comprometida por las dificultades financieras entre aseguradores y prestadores. En un departamento donde más de la mitad de la población depende de una sola EPS, la adopción de medidas inmediatas resulta indispensable para evitar que las afectaciones continúen trasladándose a miles de personas usuarias que esperan una atención digna, oportuna e integral.