Una profunda crisis de derechos fundamentales padece el territorio indígena de Tarapacá, en el departamento de Amazonas. Durante una visita de inspección y atención de una semana, la Defensoría del Pueblo evidenció fallas estructurales en la prestación de servicios públicos, el incumplimiento de fallos judiciales en educación y deficiencias críticas en el sistema de salud. 

El equipo en terreno constató la paralización de las obras del acueducto local debido a presuntas trabas administrativas, una situación que mantiene a la población sin acceso a agua potable ni alcantarillado. A esta emergencia sanitaria se suma la intermitencia en el suministro de energía eléctrica, que opera únicamente entre la 1:00 p. m. y las 11:00 p. m. Pese a la existencia de estudios previos para instalar paneles solares, no hay avances reales en su implementación. 

Vulneración de derechos en salud y educación 

En materia educativa, la situación en la Institución Educativa Villa Carmen de Tarapacá (la sede principal y la sede en el sitio conocido como Puerto Ezequiel) refleja un desacato a órdenes de tutela vigentes. 

Las personas de las comunidades atendidas durante las jornadas enfrentan deterioro en la infraestructura, ausencia de docentes para los niveles de primera infancia y la suspensión del suministro de combustible para el transporte escolar, lo cual está vulnerando el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes. 

El diagnóstico en el Puesto de Salud reveló que es frecuente el desabastecimiento de medicamentos para pacientes crónicos, las fallas en la infraestructura energética y de climatización, y la ausencia de personal administrativo. 

Persisten, además, las barreras de aseguramiento en salud e identificación para habitantes nacidos o asentados con posterioridad a las acciones de tutela acompañadas por la Defensoría. Esto motiva nuevas acciones judiciales que también serán acompañadas por la entidad. 

 

Ausencia de documentos de identidad, precariedad laboral y tensiones territoriales 

La Defensoría encontró que 335 niñas, niños y adolescentes no tienen tarjeta de identidad y más de 270 personas mayores de edad no cuentan con cédula de ciudadanía. Pertenecen a las comunidades del Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (Cimtar) y de la entidad territorial Uitiboc-Asoaintam. 

En el ámbito territorial y gubernamental, la Defensoría encontró que en la oficina auxiliar administrativa (adscrita a la Gobernación del Amazonas) las condiciones laborales son precarias y hay riesgos en la custodia de documentos históricos del registro civil. 

Existen, también, tensiones territoriales entre comunidades campesinas e indígenas por los procesos de ampliación de resguardos sobre áreas aún no adjudicadas. 

Ruta de seguimiento 

Además de sus visitas defensoriales a la Institución Educativa Villa Carmen de Tarapacá, el puesto de salud, Cimtar, Uitiboc-Asoaintam y Puerto Ezequiel, la entidad hizo presencia en las comunidades Caño Ezequiel y Bicarco. En todos estos lugares estableció diálogos con líderes comunitarios, autoridades indígenas, representantes de la comunidad religiosa y autoridades locales. 

Frente a estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo trazó una ruta de seguimiento interinstitucional para reactivar el cumplimiento de las tutelas, gestionar soluciones energéticas y sanitarias, y recomendar ante el Gobierno nacional y las instancias locales soluciones efectivas que remedien la situación.