• El documento “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir” reúne indicadores sobre desigualdad y derechos sociales; violencia armada y paz; ambiente; ruralidad; y garantías para el ejercicio de las libertades democráticas.
• Las cifras muestran avances, pero también brechas persistentes entre territorios y grupos poblacionales, y transformaciones de las violencias que siguen afectando el ejercicio de los derechos humanos en el país.

Bogotá, 24 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, entregó al nuevo Gobierno nacional y al país el documento Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir, que reúne información sobre algunas de las principales problemáticas de derechos humanos en el país y aporta elementos para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, iniciativas legislativas y otras decisiones del Estado. 

El documento permite reconocer los avances alcanzados, identificar las brechas que persisten entre territorios, grupos poblacionales y advertir sobre riesgos y violencias que continúan afectando a la población.

Esta radiografía complementa las Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno, que se presentó durante el proceso electoral. El inicio de un nuevo período presidencial y la renovación del Congreso de la República representa una oportunidad para preservar lo alcanzado como sociedad y afrontar los desafíos que aún enfrenta el país.

A continuación, se presentan los puntos clave de cada eje: 

1. Desigualdad estructural y exclusión persistente

La reducción de las desigualdades continúa siendo uno de los principales desafíos para consolidar el Estado Social de Derecho. Aunque Colombia registra avances en distintos indicadores relacionados con las condiciones de vida, estos no han beneficiado de igual manera a todos los territorios ni a todos los grupos sociales.

En 2025, la pobreza monetaria se ubicó en 28 %, después de haber alcanzado 43,1 % en 2020. En materia de seguridad alimentaria también persisten brechas territoriales: entre 2022 y 2025, la prevalencia de inseguridad alimentaria en las cabeceras municipales pasó de 26,8 % a 18,1 %, mientras en los centros poblados y zonas rurales dispersas pasó de 32,5 % a 31,4 %.

En salud, la cobertura no siempre se traduce en acceso efectivo: durante 2025 se registraron 2.048.427 reclamos y 312.573 tutelas relacionadas con este derecho. En educación básica y media, aunque la deserción disminuyó frente a los niveles de 2022, la cobertura neta pasó de 92,35 % en 2019 a 88,21 % en 2024.
 
Las desigualdades también tienen una dimensión de género. Aunque el cuidado representa cerca del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB), las mujeres realizan el 76 % del trabajo de cuidado no remunerado. A estas brechas se suman las afectaciones a su derecho a una vida libre de violencias: en 2025 se registraron 37.755 casos de delitos sexuales contra mujeres y el 78,9 % correspondió a mujeres menores de 18 años.

También se advierte sobre los riesgos diferenciados que enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH) por discriminación y prejuicio. La Fiscalía General de la Nación reportó 68 casos de transfeminicidios entre 2024 y lo corrido de 2026.

Las condiciones de las personas privadas de la libertad constituyen otro de los desafíos identificados. La sobrepoblación alcanza 25,1 % en los establecimientos de reclusión y 101 % en los centros de detención transitoria (CDT). Además, el 58,7 % de las personas detenidas en estos centros permanece tres meses o más.

El derecho al buen futuro de niñas, niños, adolescentes y jóvenes ocupa igualmente un lugar central. En 2025 se registraron 1.080 presuntos suicidios de personas de 5 a 28 años: 326 correspondieron a niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años, y 754 a jóvenes entre 18 y 28 años. Estas cifras refuerzan la necesidad de incorporar la salud mental como una prioridad de las políticas públicas para esta población.

2. Violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas

La criminalidad organizada y el conflicto armado persisten, al tiempo que se transforman y fragmentan. Actualmente están vigentes 120 Alertas Tempranas territoriales, que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos. A ello se suma la aparición de nuevas modalidades de violencia: entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados (drones), que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas.
 
La persistencia de las violencias también se refleja en las masacres: entre 2019 y el 18 de julio de 2026 se registraron 651 masacres, con 2.380 víctimas.
El desplazamiento forzado continúa siendo una de las principales afectaciones sobre la población civil. Entre 2017 y lo corrido de 2026 se registraron 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 394.839 personas. En promedio, el 35,73 % de las víctimas pertenecía a pueblos étnicos.

Las afectaciones del conflicto armado también comprometen el buen futuro de niñas, niños y adolescentes. En cuanto a reclutamiento, se reportaron 682 casos en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026. La reducción de los casos no necesariamente significa una disminución del fenómeno, debido a los riesgos, temores y dificultades para denunciar o poner los hechos en conocimiento.

A esto se suman las muertes de menores de edad en contextos de hostilidades. Entre agosto de 2022 y junio de 2026, 71 niñas, niños y adolescentes fallecieron en operativos militares. Además, se registran casos de menores de edad muertos en combates entre grupos armados ilegales.
 
La construcción de paz requiere también garantías para quienes dejaron las armas. A mayo de 2026, más de 11.000 firmantes del Acuerdo de Paz continuaban en proceso de reincorporación; sin embargo, entre 2017 y 2026 se han reportado 521 homicidios de firmantes. 

3. Degradación ambiental, cambio climático y derechos de la naturaleza

La protección de la naturaleza es un punto central del diagnóstico. Entre 2024 y 2025, la deforestación aumentó de 113.608 a 119.483 hectáreas, un incremento de 5,2 %, y la Amazonía colombiana concentró el 65 % de la deforestación nacional durante 2025.

La minería ilegal también representa riesgos para las comunidades y los ecosistemas. Entre 2023 y 2026, la Defensoría del Pueblo emitió 34 Alertas Tempranas en las que identificó esta actividad como una economía de riesgo para las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos.

En relación con el Acuerdo de Escazú, se destacan como avances su adopción en 2018, la ratificación por parte del Congreso en 2022 y la publicación y socialización de la hoja de ruta en 2026. El siguiente paso es materializar las 18 acciones concretas previstas, con resultados verificables que permitan garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental y fortalecer los mecanismos de protección de quienes defienden los derechos humanos en materia ambiental. 

4. Reforma rural integral y derechos del campesinado y de los pueblos étnicos

Las brechas entre el campo y la ciudad siguen reflejándose en el acceso a la tierra y en las condiciones de vida de la población rural. La concentración de la propiedad sigue siendo alta: el índice de Gini de la propiedad rural en Colombia es de 0,89, uno de los más altos a nivel internacional, y el 1 % de los mayores propietarios concentra el 45 % de la tierra rural. Estas desigualdades afectan de manera diferenciada a los pueblos étnicos.

Al mismo tiempo, se registran avances en el acceso y la formalización de la tierra: entre 2022 y junio de 2026 fueron formalizadas 2.284.304 hectáreas, y entre 2022 y 2025 se constituyeron 21 Zonas de Reserva Campesina.

La restitución de tierras y la sustitución de cultivos también muestran avances y desafíos. Entre 2022 y junio de 2026 se ordenó restituir 455.275 hectáreas, de las cuales 60.604 han sido entregadas. En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) están inscritas 99.097 familias campesinas y étnicas, pero solo el 11 % ha recibido la totalidad de los apoyos para proyectos productivos de ciclo largo.

5. Pluralismo democrático, espacio cívico y libertad de expresión

Los eventos de conflictos sociales manifiestos pasaron de 1.426 en 2022 a 4.039 en 2025. Estas son expresiones legítimas del ejercicio de los derechos de reunión, expresión y manifestación, por lo que es importante fortalecer las capacidades institucionales de diálogo, respuesta y garantía efectiva de derechos.

Entre tanto, persisten graves riesgos para quienes defienden los derechos humanos. Entre 2016 y junio de 2026 fueron asesinadas 1.743 personas lideresas y defensoras de derechos.

La libertad de prensa enfrenta igualmente amenazas. Entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 711 agresiones contra periodistas, entre ellas 275 amenazas. A su vez, entre 2020 y 2026 se registraron 12 homicidios de periodistas, dos de ellos durante 2026.

Este documento constituye una línea base para el seguimiento que la Defensoría del Pueblo continuará realizando sobre la evolución de las principales problemáticas que afectan a la población colombiana.