• En un conversatorio por los diez años del Acuerdo Final, Iris Marín Ortiz recordó que lo pactado en 2016 es una obligación constitucional y una hoja de ruta para los territorios.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, llamó a reconocer la importancia, la obligatoriedad y la vigencia del Acuerdo Final de Paz, firmado hace una década con las antiguas Farc. Lo hizo durante el conversatorio "10 años del Acuerdo Final de Paz: una agenda que sigue viva en los territorios".

Marín insistió en que el país no puede perder de vista el logro que significó poner fin al conflicto armado con esa guerrilla: más de 13.000 personas dejaron las armas y alrededor de 11.000 continúan hoy en procesos de reincorporación, pese a las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan, entre ellas los asesinatos de firmantes de paz.

"La abrumadora mayoría de quienes estuvieron en armas hoy le siguen apostando a la paz", afirmó la Defensora, quien destacó su participación electoral y sus aportes en los ámbitos económico, social y comunitario.

 

Una obligación constitucional, no solo política

La Defensora recordó que el Acto Legislativo de 2017 establece que todas las autoridades del Estado deben cumplir el Acuerdo de buena fe. Pero, dijo, cumplirlo va más allá de un mandato legal.

"No es solo una deuda constitucional, también es una excelente idea", aseguró Iris Marín Ortiz. 

Para Marín, la implementación del Acuerdo puede contribuir a resolver varios de los principales desafíos del país, entre ellos la reforma rural integral, las brechas en educación y salud en el campo, y la urgencia de prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

"Ninguna estrategia de seguridad será sostenible mientras no haya desarrollo integral en los territorios", afirmó.

Nuevas dinámicas territoriales, viejos vacíos por llenar

La Defensora advirtió que problemáticas como la minería ilegal y la proliferación de cultivos de uso ilícito exigen respuestas acordes con las nuevas dinámicas territoriales y respetuosas de los derechos humanos y de los derechos de las comunidades.

"Hoy tenemos que ubicarnos en un nuevo escenario, donde la minería ilegal y los cultivos ilícitos generan daños a las comunidades, a los pueblos étnicos y a la naturaleza", dijo. 

Marín señaló que el Acuerdo de Paz sigue siendo una hoja de ruta para responder a estos retos, incluidas las deudas pendientes en materia de género y del Capítulo Étnico.

"La paz no es la paz de un gobierno, es la paz de la gente en los territorios. Colombia está mejor con el Acuerdo Final de Paz, a pesar de las deudas que tenemos como Estado", puntualizó la Defensora del Pueblo.