Un subsidio de arrendamiento temporal y un acompañamiento psicosocial integral son las primeras medidas activadas para garantizar una alternativa habitacional segura a Juan de Dios Soto, de 89 años, y su esposa Nely Valencia, de 80, cuya vivienda en el barrio Campoamor debió ser demolida tras sufrir graves daños estructurales por el terremoto del pasado 10 de agosto en Manizales.

La Defensoría del Pueblo acompaña el caso y hace seguimiento a la respuesta institucional, teniendo en cuenta que las personas mayores son sujetos de especial protección constitucional y que una emergencia de esta magnitud puede profundizar sus condiciones de vulnerabilidad, afectar sus redes de apoyo y poner en riesgo el ejercicio de sus derechos.

Caldas es uno de los departamentos con mayor proporción de personas mayores y con las tasas de envejecimiento más altas del país. Según registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), más del 60 % de las personas mayores del departamento se encuentran en los estratos 1 y 2 o bajo la cobertura del régimen subsidiado de salud.

En el caso de Juan de Dios y Nely, la entidad acompaña las gestiones para acceder al subsidio de arrendamiento temporal y hace seguimiento a la atención que deben brindar las autoridades competentes, con el propósito de que las medidas adoptadas respondan a sus necesidades particulares.

La atención del caso se activó a partir del reporte de líderes y lideresas comunitarios del sector y de la articulación con la Secretaría de Educación municipal —entidad encargada del acompañamiento institucional de la zona durante la emergencia— y con la Constructora Las Galias, que asumió las labores técnicas de demolición del inmueble.

Esta actuación evidencia la importancia de la articulación entre las instituciones, el sector privado y los liderazgos sociales y comunitarios para identificar oportunamente situaciones de riesgo y activar las rutas necesarias para la protección de los derechos de las personas afectadas.

La Defensoría continuará acompañando las gestiones ante las entidades competentes, para que la respuesta a la emergencia sea oportuna, articulada y acorde con las necesidades específicas de las personas mayores afectadas.