• La entidad participó en Ginebra en el 63º período del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde advirtió que criminalizar la migración irregular profundiza la exclusión y llamó a fortalecer una gobernanza migratoria basada en derechos.

La Defensoría del Pueblo participó en el evento internacional Más allá de la criminalización: transformando la gobernanza migratoria, realizado en Ginebra, Suiza, en el marco del 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí presentó su enfoque no punitivo frente a la movilidad humana y advirtió sobre los riesgos de asociar la migración irregular con la criminalidad.

La entidad señaló que esta asociación profundiza la exclusión, expone a las personas migrantes a redes de tráfico y trata y debilita su acceso a la justicia y a servicios esenciales. El encuentro también fue escenario del lanzamiento del informe temático de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Beyond Criminalization: Transforming Migration Governance, que documenta estas afectaciones.

En Colombia confluyen dinámicas de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Ante este panorama, la Defensoría orienta su actuación en cinco frentes: monitoreo y prevención, vigilancia y protección, iniciativa legislativa, promoción y divulgación, y articulación interinstitucional e internacional.

De acuerdo con cifras de Migración Colombia con corte a enero de 2026, 2.841.048 personas de nacionalidad venezolana residen en el país y el 82 % se encuentra en condición migratoria regular. Estas dinámicas de asentamiento exigen políticas de integración de largo plazo.

La entidad destacó además el trabajo de despliegue territorial que desarrolla en el Darién y otras zonas de frontera, a través del Programa de Defensores y Defensoras Comunitarios y las Estrategias Integrales de Intervención Territorial. Estas acciones permiten documentar los riesgos que enfrentan las personas en movilidad y advertir tempranamente sobre posibles crisis humanitarias.

También se subrayó la importancia de que las personas migrantes puedan acudir a la institución sin temor a consecuencias migratorias o judiciales. A esta labor se suman la incidencia normativa, la producción de boletines periódicos e informes anuales y campañas de comunicación como Pásalo por el VAR, desarrollada para prevenir y hacer seguimiento a la trata de personas, en el marco del Mundial de fútbol masculino.

En el ámbito regional e internacional, la Defensoría coordina la Red de Movilidad Humana y Trata de Personas de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y, co-coordina junto con Ecuador, en el Grupo sobre Población Migrante y Refugiada de la RINDHCA. También mantiene mecanismos de alertas bilaterales con instituciones homólogas de países vecinos.

Alternativas a la detención migratoria

Durante el encuentro, las y los panelistas concluyeron que la criminalización de la migración irregular no reduce los flujos migratorios, sino que empuja a las personas hacia rutas más riesgosas y aumenta su exposición a la trata, la explotación y la detención arbitraria.

También insistieron en que la detención migratoria debe ser una medida de último recurso y nunca aplicarse a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, señalaron la necesidad de invertir en alternativas comunitarias costo-efectivas y respetuosas de los derechos humanos.

Al cierre de su intervención, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a los Estados y organismos internacionales a priorizar la regularización y las alternativas comunitarias frente a la detención migratoria; garantizar condiciones seguras para la labor de las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad civil; respaldar el monitoreo territorial de las instituciones nacionales de derechos humanos; y asegurar la participación efectiva de las personas en movilidad humana en la construcción de las políticas que las afectan.

La entidad destacó que las instituciones nacionales de derechos humanos son aliadas estratégicas para avanzar hacia una gobernanza migratoria basada en derechos por su mandato constitucional autónomo, su presencia territorial y su capacidad de articulación regional.

El evento fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Centro de Migración Global del Graduate Institute de Ginebra, con el copatrocinio de México, Marruecos, Uruguay, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), la Coalición Internacional contra la Detención (IDC), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Defensoría del Pueblo de Colombia.