• Los Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave, que habitan en zona rural de Inírida y las áreas no municipalizadas de Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual, están en peligro por la disputa territorial entre el Frente José Daniel Pérez Carrero (del ELN) y el Frente Acacio Medina (de la disidente Segunda Marquetalia).
• La confrontación armada por el control de rutas del narcotráfico y la minería ilegal ha derivado en la imposición de regímenes de control social que están anulando la autonomía indígena.
• Es urgente que el Ministerio del Interior, a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, oriente y acompañe la elaboración de planes de acción de los entes competentes, sugiera acciones de mejora, impulse, monitoree y evalúe la implementación de los planes de acción y revise y promueva la armonización del trabajo conjunto.

Bogotá, 13 de marzo de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 008 de 2026 para el departamento del Guainía, con el propósito esencial de advertir riesgos extraordinarios que enfrentan los pueblos indígenas Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave.

La medida focaliza la atención en la zona rural de Inírida y las áreas no municipalizadas de Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual, donde la población civil está en medio de una violenta disputa territorial entre el Frente José Daniel Pérez Carrero (del Ejército de Liberación Nacional, ELN) y el Frente Acacio Medina (de la disidente Segunda Marquetalia de las extintas Farc).

El Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Defensoría del Pueblo, documentó cómo la confrontación armada por el control de rutas del narcotráfico y la minería ilegal ha derivado en la imposición de regímenes de control social que asfixian la autonomía indígena.

Los grupos armados ilegales han convertido los ríos, únicos ejes de movilidad en la selva, en corredores restringidos en los que impiden el libre tránsito para la pesca y la subsistencia, generando situaciones de confinamiento que han venido afectando a miles de personas. La situación es particularmente crítica para la niñez debido al riesgo latente de reclutamiento forzado y la parálisis educativa provocada por las amenazas contra las y los docentes en los resguardos.

Contexto histórico

Este escenario parte de una realidad histórica y estructural que afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas en Colombia y, con mayor intensidad, a los que están asentados en el sur del país.

La Corte Constitucional reconoció con su Auto 004 de 2009 que el conflicto armado es una amenaza directa para la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, declarando a varios en riesgo de exterminio. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido insuficiente.

Un seguimiento posterior, que incluye los Autos 174 de 2011 y 074 de 2014, reconoció nuevas realidades de riesgo para pueblos de naturaleza étnica en territorios de baja presencia institucional, sin lograr capacidades sostenidas de prevención en los territorios.

Respuesta inmediata

Ante la gravedad de los hechos, calificando como extremo el nivel de riesgo para la población civil en los territorios focalizados como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, la Defensoría del Pueblo solicita una respuesta inmediata y coordinada del Estado.

A través de 11 recomendaciones, insta al Ministerio del Interior a activar de manera prioritaria la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), a fin de orientar y acompañar la elaboración de planes de acción de las entidades concernidas, sugerir acciones de mejora, impulsar, monitorear y evaluar la implementación de los planes de acción, así como revisar y promover la armonización de acciones y líneas de trabajo conjunto.

De igual forma, les pide al Ministerio de Defensa y a la fuerza pública fortalecer la seguridad en los ejes fluviales fronterizos, y a la Unidad para las Víctimas, garantizar la asistencia humanitaria necesaria para mitigar el desabastecimiento en las comunidades que puedan llegar a confinarse como consecuencia de la agudización del conflicto armado. Este último llamado lo extiende a la Gobernación de Guainía y la Alcaldía de Inírida.

La Defensoría insiste en que la protección de la vida y el territorio de los pueblos étnicos es una obligación inalienable que requiere acciones contundentes para evitar una tragedia humanitaria de mayores proporciones.