•    La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, junto con las y los titulares de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la región, presentó, a nombre de la RINDHCA, un panorama sobre las amenazas que enfrentan estas instituciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
•    La RINDHCA solicitó a la CIDH condenar los recortes presupuestales, las campañas de deslegitimación y los ataques contra la autonomía de estas entidades, además de crear un mecanismo permanente de seguimiento.

Asunción, Paraguay, 5 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). La Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), de la cual la Defensoría del Pueblo de Colombia hace parte, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una alerta regional sobre el progresivo debilitamiento que enfrentan las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) en las América.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y los representantes de las INDH de Bolivia, Chile, Honduras y Costa Rica realizaron intervenciones en representación de las 17 instituciones nacionales de derechos humanos que integran la RINDHCA en el 196 periodo de sesiones de la CIDH.

Durante la audiencia temática “Situación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en las Américas”, se expuso evidencia sobre un patrón regional que compromete la capacidad de estas instituciones para cumplir su mandato de proteger los derechos humanos.

Además, se planteó que las amenazas ya no se limitan a casos aislados, sino que configuran una tendencia documentada en varios países del continente, y que obedecen a tres fenómenos que afectan su independencia y funcionamiento: la reducción arbitraria de sus presupuestos; las campañas de desprestigio dirigidas contra las instituciones y sus titulares; y las acciones que limitan su autonomía e independencia, en contravía de los Principios de París, estándar internacional que regula su funcionamiento.

Disminución arbitraria de presupuesto de las INDH.

En su intervención, los voceros de la RINHDCA advirtieron que el debilitamiento de estas instituciones tiene consecuencias directas para millones de personas, especialmente para quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 

“Los datos son contundentes. De las diecisiete INDH agremiadas en la RINDHCA, al menos trece han reportado disminuciones presupuestales o falta de incremento real en sus asignaciones durante los últimos cinco años”, aseguró Yerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, país miembro de la RINDHCA.

En Colombia, la Defensoría sufrió en 2026 una reducción del 30 % de su presupuesto de inversión; en Honduras, los recortes acumulados desde 2020 han puesto en riesgo incluso el pago de salarios y el funcionamiento de sus oficinas; en Bolivia, la disminución del 30 % de la planta salarial y del 10 % de los gastos corrientes ha limitado la presencia territorial de la Defensoría; y en Chile se han promovido iniciativas para reducir el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta dejarlo simbólicamente en un peso. Situaciones similares se registran en Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú, donde los recortes presupuestales han afectado la capacidad de estas instituciones para proteger los derechos humanos y atender a las poblaciones más vulnerables.

Acciones para deslegitimar a las INDH y sus directivas 

El debilitamiento de las INDH también se ha dado debido a una tendencia por deslegitimarlas mediante ataques a su credibilidad pública, lo que mina la confianza que la ciudadanía puede tener en ellas. “Nadie discute que la crítica pública forma parte del debate democrático y que las políticas e iniciativas de las INDH están sujetas al escrutinio público y a su debate y discusión. Otra cosa es cuando eso es reemplazado por estrategias de cuestionamiento a la institución y a su imparcialidad, la utilidad mima de su existencia y a la legitimidad de sus directivos”, dijo Yerko Ljubetic, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, país miembro de la RINDHCA. 

Ejemplo de esta situación es lo ocurrido en Honduras, donde la Defensora del Pueblo ha sido objeto de cuestionamientos a su nombramiento, señalamientos públicos sin sustento y campañas de desprestigio tras sus investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos y durante el proceso electoral de 2025. También lo ocurrido en Chile, donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha enfrentado amenazas, acoso, ataques a sus sedes y manifestaciones reiteradas que buscan desacreditar su labor. 

Para la RINDHCA, estas acciones erosionan la confianza ciudadana, debilitan la independencia institucional y reducen la capacidad de las defensorías para cumplir su mandato de protección de los derechos humanos.

Autonomía e independencia institucional

Los ataques contra la autonomía e independencia de las INDH también han afectado sus condiciones y funcionamiento. Esta afectación se produce mediante decisiones que, aunque pueden parecer aisladas o de carácter administrativo, terminan debilitando su capacidad de actuación. Entre ellas se destacan la demora en la designación de sus autoridades, procesos de nombramiento sin garantías de transparencia y mérito, reformas que limitan sus competencias, intentos de remoción de sus titulares, exclusión de espacios de formulación de políticas públicas y el uso del presupuesto como mecanismo de presión.

La RINDHCA alerta que estas medidas, sumadas en el tiempo, erosionan la independencia institucional y dificultan que las defensorías ejerzan su mandato con plena autonomía frente a los poderes públicos. 

Se requiere una respuesta urgente

Durante la intervención, la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz, presentó las conclusiones y solicitudes formales de la RINDHCA, teniendo en cuenta que las evidencias recopiladas muestran que las amenazas contra las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos constituyen un patrón regional que exige una respuesta urgente. Por esto, las INDH solicitaron a la CIDH emitir un pronunciamiento formal que condene de manera expresa las prácticas que afectan su independencia e instar a los Estados a garantizar su autonomía y un financiamiento adecuado.

Además, propuso la creación de un mecanismo permanente de monitoreo y seguimiento a la situación de las INDH en la región, que permita vigilar de forma continua el cumplimiento de los estándares de independencia, autonomía y financiamiento establecidos en los Principios de París, mediante indicadores objetivos, sistemas de alerta temprana, informes periódicos por país y un espacio permanente de diálogo entre la Comisión y la Red. La propuesta busca identificar de manera temprana los riesgos que enfrentan las instituciones y facilitar acciones preventivas antes de que el deterioro de su capacidad de actuación sea irreversible.

Finalmente, en su intervención, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó que fortalecer a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos significa defender la protección de las personas: “Cuando una Institución Nacional de Derechos Humanos pierde independencia, cuando su presupuesto es recortado de manera arbitraria , cuando sus autoridades son perseguidas y estigmatizadas públicamente, quienes verdaderamente pierden no son sus funcionarios, pierden las personas que dejan de contar con un espacio independiente de protección, pierden las comunidades que necesitan ser escuchadas, pierden las víctimas que necesitan ser atendidas, pierden quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y pierde también el propio Estado que ve debilitada una de las herramientas más eficaces para prevenir conflictos, fortalecer la confianza pública y cumplir sus obligaciones internacionales", concluyó.