Asunción, Paraguay, 3 de agosto de 2026. (@DefensoriaCol). La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, participó en el Congreso General de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), donde presentó tres líneas de acción para fortalecer la respuesta de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) ante las vulneraciones de derechos asociadas a los desastres y la emergencia climática.

Durante la discusión del panel “El rol de las INDH frente a los desastres ambientales y las emergencias climáticas”, se destacó que la crisis climática ya no es una amenaza del futuro, sino una realidad cotidiana para millones de personas en el continente. Sus efectos profundizan desigualdades históricas y comprometen derechos fundamentales como la vida, la libertad de movimiento, la salud, la educación y la alimentación, afectando de manera desproporcionada a las personas en situación de vulnerabilidad y a pueblos étnicos.

Frente a este panorama, la Defensora propuso a las INDH documentar y monitorear las vulneraciones de derechos para producir evidencia que contribuya a la formulación de políticas públicas; ejercer incidencia normativa y magistratura moral, mediante la construcción de puentes entre las comunidades, el Estado y el sistema internacional; y garantizar los derechos de acceso reconocidos en el Acuerdo de Escazú, así como la protección de quienes defienden el ambiente y el territorio.

“Los desastres no suspenden ni relativizan los derechos humanos; intensifican las obligaciones del Estado en materia de protección, información, participación, igualdad y dignidad, especialmente frente a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.


 

Durante su intervención, también compartió la experiencia de la entidad en la protección de los derechos de las personas y comunidades en situaciones de permanencia y movilidad humana asociadas con desastres, efectos adversos del cambio climático y degradación ambiental.

En ese sentido, resaltó que en Colombia esta realidad también se manifiesta en una doble afectación: comunidades que fueron desplazadas por el conflicto armado, se asentaron donde pudieron y ahora son desplazadas por segunda vez debido a los efectos del cambio climático.

La intervención tomó como referencia el caso que dio origen a la Sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional, que reconoció a una pareja de campesinos de Saravena, Arauca, como víctimas de desplazamiento forzado interno por desastres y advirtió un déficit de protección constitucional frente al desplazamiento por factores ambientales.

A partir de este caso, la Defensora explicó cómo la entidad ha documentado otros casos emblemáticos en distintas regiones del país y ha promovido espacios de diálogo para escuchar a las comunidades afectadas. Asimismo, destacó la necesidad de avanzar en un régimen integral de prevención, protección y garantía de derechos que responda a las distintas situaciones de permanencia y movilidad humana.

Una respuesta institucional con enfoque de derechos humanos

La Defensora presentó las principales acciones desarrolladas por la institución para responder a estos desafíos. En 2023 fue creada la Defensoría Delegada para los Derechos en la Gestión del Riesgo de Desastres, especializada en salvaguardar los derechos humanos involucrados en todos los procesos de la gestión del riesgo.

Desde esta Defensoría Delegada se ha avanzado en una relectura de la gestión del riesgo en clave de derechos, con enfoque diferencial e interseccional. También se ha escuchado a las comunidades en espacios de diálogo y documentación desarrollados en distintas regiones del país.

Además, la institución avanza en la construcción de un marco metodológico propio, integrado por un documento de conceptualización, un protocolo de actuación en emergencias y una metodología para evaluar la vulneración de derechos. Este trabajo prioriza a 11 grupos poblacionales expuestos a afectaciones diferenciadas. 

La Defensoría del Pueblo también trabaja en un informe defensorial que documentará en terreno casos emblemáticos de permanencia y movilidad. La evidencia recopilada respaldará la necesidad del proyecto de ley que la entidad viene elaborando para establecer un régimen integral de prevención, protección y garantía de derechos de las personas y comunidades en situaciones de permanencia y movilidad humana asociadas con desastres, efectos adversos del cambio climático y degradación ambiental.

La Defensoría del Pueblo y la Naturaleza continuará aportando a la formulación de lineamientos regionales para consolidar una actuación coordinada en la RINDHCA y fortalecer la cooperación regional en la protección de los derechos humanos ante los impactos de la crisis climática.