•    El Decálogo de la entidad es y seguirá siendo la hoja de ruta para la promoción y defensa de los derechos humanos. 
•    Las 42 defensorías regionales realizaron sus rendiciones de cuentas individuales en sus ciudades y departamentos y con acceso a toda la ciudadanía. 
•    La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, enfatizó en las 18 Decisiones Impostergables que se recomiendan al Gobierno entrante y al nuevo Congreso de la República en materia de derechos humanos. 

Bogotá, 25 de junio de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo realizó su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025, un ejercicio constitucional de transparencia, diálogo y participación ciudadana en el que presentó los principales resultados de su gestión, las alertas sobre la situación de derechos humanos y las prioridades institucionales para responder a los desafíos del país.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, enfatizó que rendir cuentas va más allá de un informe de gestión, pues significa informar, escuchar a la ciudadanía y fortalecer la confianza pública en las instituciones.

“La garantía de los derechos humanos exige presencia estatal. Pero también requiere instituciones transparentes, fundamentadas en la ética, comprometidas con el interés general y al servicio de la ciudadanía. Por ello, en la Defensoría del Pueblo reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo una gestión fundamentada en la independencia, la honestidad, la vocación de servicio y la defensa irrestricta de la dignidad humana; una gestión que promueve una cultura institucional de transparencia, de integridad y de rechazo absoluto a toda forma de corrupción y de discriminación”, afirmó la Defensora del Pueblo. 

Al evento asistieron grupos de interés, aliados institucionales, comunidad internacional, lideresas y líderes sociales y organizaciones de la sociedad civil, quienes pudieron intervenir directamente mediante un enlace de preguntas abierto a toda la ciudadanía y preguntas en tiempo real para conocer más sobre la gestión y los desafíos que enfrenta Colombia. 

Para todo esto, se dividió la Rendición de Cuentas en cuatro ejes temáticos que coinciden con los priorizados tanto en el Plan Estratégico Institucional como con el Decálogo de derechos humanos: paz, víctimas y conflicto armado; ambiente sano, cambio climático, riesgo de desastres y tierras; igualdad, no discriminación e inclusión; y fortalecimiento institucional y gestión administrativa. 

 

1.    Paz, víctimas y conflicto armado

La Defensoría del Pueblo documentó durante 2025 una crisis humanitaria con 133 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 107.924 personas y 99 eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 128.825 personas. La subregión del Catatumbo concentró, con particular intensidad, esta crisis.

Frente a este panorama, la entidad acompañó a 135 comunidades en 26 departamentos, atendió 226 casos relacionados con restitución de tierras, retornos y reubicaciones, y capacitó a 116 defensoras y defensores comunitarios. 

Asimismo, tomó 25.125 declaraciones individuales a víctimas del conflicto armado —6,7 % más frente a las tomadas el año anterior—, orientó y asesoró a 77.595 personas y apoyó legalmente a 10.354. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) emitió 20 Alertas Tempranas con enfoque étnico, diferencial y de género, e identificó riesgos en 402 municipios del territorio nacional.

Como uno de los hechos más graves, evidenció que 39 firmantes de paz y 177 lideresas y líderes sociales fueron asesinados en 2025. 

Ante las anteriores cifras, la Defensora indicó que “En nuestro documento de Decisiones Impostergables, la Defensoría del Pueblo le plantea al país, al Congreso y al próximo Gobierno, cuatro decisiones en materia de paz, víctimas y conflicto: implementar integralmente el Acuerdo Final de Paz; pasar de la reacción a la prevención; proteger a quienes el conflicto golpea con más dureza; y poner a las víctimas en el centro de la política pública garantizando el funcionamiento y la financiación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

2.    Ambiente sano, cambio climático, riesgo y tierras

El año anterior, la entidad intervino en 57 escenarios de riesgos y desastres, con la participación de 28 de sus regionales, acompañó 23 eventos de desplazamiento o riesgo asociados al cambio climático y elaboró el informe sobre Manifestaciones climáticas extremas de la cuenca y el bioma amazónico, con 30 recomendaciones para autoridades nacionales y territoriales.

En materia agraria, la institución advirtió sobre los riesgos en la implementación de la Reforma Agraria mediante la elaboración de un informe en el que identificó rezagos en la adjudicación y formalización de tierras, débil articulación institucional y barreras para que el acceso a la tierra se traduzca en derechos efectivos.

Asimismo, se trabajó en el diseño e implementación de un modelo de interpretación satelital de incendios forestales que permitió obtener información sobre la situación de la pérdida de bosques naturales en el país.

3.    Igualdad, no discriminación e inclusión

Durante 2025, una mujer fue asesinada cada 7,8 horas en Colombia. Se registraron, además, 74 asesinatos contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH), de los cuales 27 correspondieron a transfeminicidios. Ocho de cada diez mujeres valoradas por presunta violencia sexual eran niñas o adolescentes.

Ante esta realidad, la Defensoría puso en marcha Unidades Especializadas para el Litigio de Violencias de Género y participó en espacios clave como la Mesa de Alto Nivel por los derechos de personas trans y la Mesa Nacional de Casos Urgentes LGBTI. 

En cuanto a temas de salud, el trabajo de la Defensoría en todas las regiones permitió evidenciar una crisis de acceso a servicios, particularmente en la entrega de medicamentos. 

En 2025, realizó 46.104 asistencias técnicas; esto es, resolución de casos de atenciones en salud, con un incremento del 35 % frente al 2024.  

Para atender de manera urgente las quejas y trámites, se instalaron 17 Puestos de Mando Unificado (PMU) en diferentes regiones del país, en cuyo marco se realizaron más de 52 reuniones de trabajo con la participación de entidades del orden nacional y territorial, EPS, gestores farmacéuticos, hospitales, organismos de control, asociaciones profesionales y organizaciones sociales. 

Los resultados de este trabajo se consolidaron en la publicación del Informe Defensorial Medicamentos Inaccesibles, Derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia. En todo este proceso, la Defensoría del Pueblo insistió en múltiples escenarios y ante el Congreso de la República en la necesidad de una reforma integral al Sistema de Salud que sea transparente, concertada y estructural y elimine las barreras financieras y geográficas para las y los pacientes.

En lo relacionado con las juventudes, en 2025 hubo 5.650 homicidios de jóvenes —un aumento del 6,3 % en comparación con el 2024— y 28.984 intentos de suicidio en personas menores de 29 años, equivalente a casi tres por hora. Además, el 23,2 % de jóvenes no estudia ni trabaja.

Para responder a esta crisis, la Defensoría impulsó el derecho emergente al Buen Futuro e implementó las estrategias Serena-Mente, orientada al bienestar emocional en Buenaventura, Tumaco e Inírida; y Raíz Joven, que fortaleció iniciativas juveniles comunitarias y a sus líderes y lideresas en nueve municipios del país.

De igual modo, creó la Mesa Consultiva de Juventudes, un instrumento sin precedentes en la entidad con el que las y los jóvenes están interviniendo directamente en las decisiones de la Defensoría y en las políticas públicas que les afectan. 

Sobre la situación de migrantes, el año anterior registró un aumento del 61 % de personas en tránsito irregular con respecto al 2024.

La mayoría provenía de Venezuela, Ecuador, Perú y República Dominicana. Entre quienes transitaban por el país se identificaron más de 61.000 mujeres, cerca de 59.000 hombres y más de 32.000 niños, niñas y adolescentes. 

Para ello, la entidad activó procesos de asistencia inmediata, orientación directa y rutas institucionales para responder a las necesidades urgentes que surgían en el momento del retorno. 

Asimismo, la Defensoría fortaleció las capacidades del Estado y de la ciudadanía formando a más de 1.700 servidoras y servidores públicos y 1.400 personas migrantes.

“Cuando hablamos de igualdad no hablamos de una aspiración ni de un gesto de buena voluntad. Hablamos de cerrar la brecha entre lo que promete la Constitución y lo que viven las personas. Por eso, el país debe tomar decisiones impostergables para garantizar la igualdad real, fortalecer el sistema de salud, proteger a las juventudes, combatir todas las formas de discriminación y avanzar en el acceso a la tierra y la restitución para las víctimas”, aseguró la Defensora Iris Marín Ortiz. 

4.    Fortalecimiento institucional y gestión administrativa   

Durante 2025, se ejecutó un Plan Operativo con 212 productos y 3.320 actividades, con un cumplimiento del 96,55 %.

El presupuesto de la entidad fue de $1.252.739 millones, con una reducción de $64.042 millones respecto al año anterior. A pesar de ello, la entidad realizó más de 109.000 asistencias técnicas, capacitó a más de 126.000 personas en derechos humanos y brindó asistencia técnica a más de 210.000 víctimas.

“Es importante que se garantice la autonomía presupuestal de la Defensoría del Pueblo. Esta reducción de presupuesto que hemos tenido del año 2024 al año 2025, luego del año 2025 al año 2026, y que se anuncia una nueva del año 2026 al año 2027, disminuye nuestra capacidad de acción, especialmente cuando no somos involucrados en la discusión en torno a las razones por las cuales se da prioridad a otros gastos, dejando de lado la institución nacional de derechos humanos (…). En todo caso, nos comprometemos a que, independientemente de los recursos que tengamos e independientemente de los retos que enfrentemos, la Defensoría del Pueblo va a seguir estando del lado de los derechos humanos del pueblo en todos los territorios de nuestro país”, fue el llamado urgente de la Defensora al Gobierno entrante y al nuevo Congreso.

Finalmente, la Defensora enfatizó que todo el trabajo que se realizó el año pasado y que se realizará durante lo que queda de su mandato tiene como hoja de ruta el Decálogo de la Defensoría del Pueblo. 

“Para lo que resta del 2026, la Defensoría del Pueblo asume compromisos concretos: primero, sostener el Decálogo como hoja de ruta. Segundo, mantener y profundizar nuestra presencia en los territorios. Tercero, seguir ejerciendo una incidencia técnica y rigurosa. Cuarto, fortalecer los enfoques diferenciales —de género, étnico, etario y de discapacidad— en todo lo que hacemos. Y quinto, continuar haciendo todo nuestro trabajo desde una gestión transparente, íntegra y honesta, cuidando con rigor cada recurso público”, concluyó la Defensora, Iris Marín Ortiz.