Corte 15 de agosto, 6:00 p.m.

Caldas

En cuanto a la población afectada, se estima un total de 4.902 personas damnificadas y aproximadamente 4.000 familias afectadas. Se reportan 211 personas heridas y seis personas fallecidas como consecuencia del evento.

Se requiere garantizar condiciones adecuadas de atención para 255 personas que se encuentran en albergues, junto con 31 mascotas que permanecen con sus familias.

Se han registrado 4.807 solicitudes de visita de predios, de las cuales se han realizado 1.945 visitas de chequeo básico, correspondientes a 1.945 predios visitados. Como resultado, se reportan 1.634 predios evacuados, 6.481 viviendas con afectación parcial y 1.512 viviendas con afectación total.
También se reportan 529 establecimientos de comercio afectados en grado crítico y alto.

En relación con las instituciones educativas, la situación se mantiene, por lo que se requiere continuar el seguimiento a sus condiciones de seguridad y funcionamiento.

Asimismo, se reportan 293 usuarios desconectados del servicio de gas.

La necesidad principal está relacionada con salud, teniendo en cuenta las enfermedades que se pueden derivar de la contingencia; la necesidad de elementos de uso médico, entre ellos medicamentos; la insuficiencia de camas, especialmente en el Hospital Santa Sofía, y la capacidad operativa de la red hospitalaria, particularmente en salud mental.

En relación con el albergue 1, se identificaron las siguientes necesidades:

• Capacidad del albergue: se está realizando nuevamente el censo, pero en el último registro solo quedaban siete cupos disponibles.
• Salud: una mujer gestante requiere suministro de medicamentos y una valoración; se requiere valoración por pediatría para un menor de cinco años, y hay dos casos pendientes de atención por psiquiatría.
• Identificación: hay 15 familias sin documento de identidad, lo que requiere gestión con la Registraduría.
• Escolaridad: se necesita tramitar el certificado de estudio para PPT para seis niños y niñas, indispensable para su acceso escolar.
• Movilidad: una persona requiere acompañante por tener dificultad para trasladarse al baño.

Chocó

Durante una jornada de acompañamiento en el barrio Buenos Aires —zona alta y baja, sector La Estrella y sector Mirador— y el barrio Horizonte, se observó la prestación irregular de los servicios públicos, con constantes interrupciones, y la ausencia de albergues habilitados hasta el momento.
Entre las necesidades urgentes se identificaron la disposición de maquinaria para el retiro de escombros, la entrega de ayudas, la implementación de suficientes centros de acopio y la habilitación de albergues en los barrios afectados.

Se requiere articulación urgente entre las entidades y la comunidad para la entrega de ayudas humanitarias. Hasta el momento no se han recibido ayudas por parte de la Alcaldía o la Gobernación, únicamente de particulares.

También se requiere que los ingenieros estructurales que realizan las visitas de evaluación técnica revisen todas las casas y no se limiten únicamente a las fachadas, debido a que varias viviendas presentan afectaciones en su parte interior.

Para las viviendas que requieren demolición, las comunidades solicitan materiales de construcción como cemento, varillas, arena, ladrillos y madera, entre otros.

Las demoliciones deben estar a cargo de las autoridades competentes, de forma controlada y segura y sin generar afectaciones a las viviendas que no presentaron daños.

Se evidencia, además, la realización de censos de forma desordenada e incompleta, tomando como referencia únicamente las fachadas de las viviendas, por lo que se presume un subregistro de las viviendas afectadas.

Las autoridades deben realizar el censo de manera completa y con el debido registro, en el menor tiempo posible, con el fin de que las personas afectadas puedan acceder a las ayudas que correspondan. Como contribución, las juntas de acción comunal han remitido a la Alcaldía los censos realizados por ellas.

Pacífico

El Centro de Detención Transitoria Marte sufrió un incendio el 10 de agosto, producto de enfrentamientos entre personas privadas de la libertad de las estructuras Shottas y Espartanos, que agravó las afectaciones estructurales derivadas del terremoto. Como resultado, siete personas murieron, tres resultaron heridas y las personas privadas de la libertad tuvieron que ser evacuadas y trasladadas.

Un total de 177 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a otros municipios, mientras que 129 están ubicadas transitoriamente en el Coliseo de Buenaventura.

Al 15 de agosto son preocupantes: el riesgo de nuevos enfrentamientos por la permanencia conjunta en el Coliseo de personas privadas de la libertad de las dos estructuras; la insuficiencia de elementos básicos de alojamiento, pues cerca del 40 % no cuenta con colchoneta; el incremento progresivo de la población por nuevas capturas, y el riesgo de que el Coliseo se convierta en un lugar de detención permanente.

En Guapi, Cauca, dos familias, junto con sus respectivas viviendas, fueron afectadas por un incendio estructural ocurrido el 10 de agosto. La familia que perdió la totalidad de la vivienda está siendo alojada en la casa de otra familia de la comunidad. Es necesario caracterizar y priorizar a las dos familias afectadas en los mecanismos territoriales de gestión del riesgo y garantizar medidas de asistencia y recuperación con enfoque diferencial y de género.

El Consejo Comunitario de Puerto España no cuenta con servicio de agua potable y no están en funcionamiento la escuela ni el puesto de salud. Para recibir atención en salud, sus integrantes deben desplazarse a Papayo o Docordó, en un trayecto de aproximadamente 40 minutos en lancha rápida o hasta dos horas en lancha normal, o hasta Buenaventura, aproximadamente a dos horas.

En esta comunidad han colapsado tres viviendas y otras presentan leves inclinaciones. No hay albergues y las familias que habitaban las viviendas colapsadas se trasladaron a casas que se encontraban vacías. Se requiere respuesta institucional frente a estas necesidades, que la comunidad informó a la Alcaldía de Litoral de San Juan desde el 10 de agosto.

La comunidad Fortuna Miramar, también perteneciente al Consejo Comunitario Puerto España-Miramar, reporta la totalidad de sus viviendas como averiadas. La comunidad ha realizado reparaciones de forma empírica con los materiales disponibles y sus conocimientos locales.

En la comunidad indígena Unión Agua Clara hay tres viviendas colapsadas y otras tres viviendas en riesgo de colapso que continúan siendo habitadas. No hay albergues y las familias afectadas están recurriendo a su red familiar para pernoctar.

Como necesidades urgentes de las tres comunidades visitadas se identificaron:

• Valoración técnica inmediata de las viviendas colapsadas, averiadas, inclinadas y, especialmente, de las viviendas que continúan habitadas pese a encontrarse en peligro de colapso.
• Suministro y almacenamiento seguro de agua potable.
• Atención frente a las inundaciones y mareas extraordinariamente altas.
• Garantizar acceso efectivo a salud, dado que ninguna de las tres comunidades cuenta con puesto de salud.
• Garantizar condiciones seguras para la educación.
• Entrega de ayuda humanitaria y seguimiento a seguridad alimentaria.

Quindío

En Circasia se encuentran viviendas con riesgo de colapso, por lo que es necesario reubicar a las personas en lugares temporales seguros.
En Montenegro se requiere especial atención debido a la gran afectación de la infraestructura. Las instalaciones de la Alcaldía municipal están totalmente afectadas y es el municipio con mayor número de viviendas urbanas destruidas a la fecha, con 499. Las veredas La Montaña y La Ceiba no cuentan con agua por afectación en el acueducto de cafeteros.

También se requiere completar el censo de personas y familias afectadas por cada municipio, tanto en el área urbana como rural.
En Génova se reporta un incendio que, aunque se encuentra controlado, no ha sido liquidado y registró tres focos en la mañana. Los bomberos no son suficientes para atender esta situación y desde el 11 de agosto están esperando un avión con agua y retardante, pero no han obtenido respuesta del nivel nacional.

Risaralda

En el PMU departamental se informó que Risaralda no cuenta con una EDAN consolidada, lo que limita la priorización, cuantificación y georreferenciación de la afectación, así como su armonización con el RUD y los censos municipales.

Por la conurbación entre Pereira y Dosquebradas, personas residentes en un municipio acuden a servicios y registros del otro, con riesgo de doble registro, exclusión y duplicidad de ayudas. Se requiere instalar un PMU conjunto y un protocolo único de censo y derivación.

En el sector Miraflores, en Dosquebradas, se requiere concepto técnico integral de la DIGER, número definitivo de viviendas y familias, evacuación concertada con alojamiento previo y digno, protección conjunta de bienes, censo incluyente de propietarios, arrendatarios, tenedores y ocupantes, y una ruta de solución habitacional.

También se requiere la activación del Plan de Alimentación Escolar (PAE), conforme a la Circular Externa No. 007 de 2026, y garantizar la continuidad educativa ante la suspensión de clases, incluida la Institución Educativa San José, donde se advirtió riesgo de colapso en la placa del segundo piso.

Según lo identificado en el PMU departamental y en las visitas a las zonas rurales, se requieren ayudas humanitarias como carpas, tejas, materiales de construcción, tanques y mangueras, baños portátiles, cobijas y colchonetas, kits de cocina y aseo, mercados, alimentos para animales, maquinaria y materiales para acueductos, pañales para bebés y personas mayores, pañitos y cremas antipañalitis.

En San José del Palmar, Chocó, persisten problemas de acceso por más de veinte derrumbes, información limitada sobre daños en la ruralidad, ayudas que no habían llegado a algunas veredas y afectaciones en cultivos y trapiches de aproximadamente 64 asociados paneleros.
Se requiere maquinaria para atender más de veinte derrumbes, restablecimiento de la conectividad, acceso humanitario a las veredas y materiales para trapiches y cultivos paneleros.

Comunidades indígenas de Pueblo Rico y Mistrató solicitaron ser censadas y recibir ayuda humanitaria. Se requiere registro desagregado por pertenencia étnica y participación de sus autoridades propias en la caracterización y en la definición de la respuesta.
En materia de salud se identificaron las siguientes necesidades: solicitud de atención a EPS en Pereira; continuidad de tratamientos, medicamentos y apoyo psicosocial; un espacio de atención médica para mujeres en El Vergel; insuficiencia de camas, y capacidad operativa de la red hospitalaria, especialmente en salud mental.

Persisten, además, necesidades relevantes en los alojamientos visitados por la Defensoría del Pueblo en Pereira y Dosquebradas: Campestre B, El Oso, El Vergel y parque Olaya. El detalle de la verificación de estas necesidades se encuentra en el apartado de las gestiones adelantadas por la Defensoría Regional Risaralda.

Valle del Cauca

Desde el PMU se identificó que persiste la demora en los procesos de caracterización de personas damnificadas, lo que genera dilación en la entrega de ayudas humanitarias.

Pese a la falta de caracterización de personas damnificadas, se observó traslado de ayudas cuyo destino se desconoce, mientras que a personas que solicitaron ayuda humanitaria se les indicó que debían esperar la caracterización. La Procuraduría indicó que informaría la situación a la Alcaldía.

Se requiere una mejor organización de los albergues; acompañamiento permanente de la administración municipal, especialmente en Santa Elena y Alto Meléndez; articulación con el ICBF para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes; adecuación de baños y censo por ciclo vital en el albergue Cancha de Hockey.

La Secretaría de Bienestar Social reportó la llegada a los refugios de Cali de personas damnificadas provenientes del Chocó y que no cuentan con documentación.

En el Edificio Cantabria se solicitó una pluma con capacidad de 500 toneladas para remover las placas y hacer extracción de los cuerpos.

En el Edificio Ana del Pilar se reportó que continúa la búsqueda de cuatro personas confirmadas y cinco por confirmar.

Se observaron tensiones entre familiares de personas desaparecidas y bomberos por desinformación de voluntarios sobre posibles señales de vida que habrían sido descartadas. La tensión disminuyó por el ingreso de “topos” para la búsqueda, pero las familias han recibido información contradictoria de voluntarios y no de fuentes oficiales, lo que ha generado afectación.

A estas familias se les ha ofrecido protección biológica y psicológica e ingreso a un espacio asilado, pero no han aceptado la reubicación.
El 15 de agosto se presentó poca entrega de ayudas en el Centro de Acopio Jairo Varela.
El Edificio Farallones, donde hay 11 familias y 30 personas, requiere revisión estructural.

Antioquia

Se requiere la ejecución de obras para resanar las fisuras ocasionadas por el sismo en la Institución Educativa José Miguel de la Calle.

Afectaciones diferenciadas a pueblos étnicos

Con corte al 15 de agosto se registran 61 casos, 19 adicionales frente al reporte del 14 de agosto: 12 indígenas y siete de Pueblos Negros y Afrocolombianos, en Valle del Cauca, Antioquia, Cauca, Caldas y Chocó.

Se destacan 236 familias afectadas del Resguardo Río Garrapatas Nación Emberá; 81 familias y 30 viviendas destruidas en Bazán Bocana; seis tambos con daños graves en Jengadó, Apartadó, y 30 familias damnificadas en Zanjón de Garrapatero.

Caldas concentra nueve casos con daños en viviendas, infraestructura educativa, un trapiche y vías. En Tadó se registraron afectaciones en cinco consejos comunitarios y en el Resguardo Bochoromá–Bochoromacito, con daños especialmente graves en El Tabor y Brubatá.

Fuente: Consolidado de afectaciones a Pueblos Étnicos, corte 15 de agosto, 5:00 p.m.

En los apartados sobre necesidades y gestiones correspondientes a las Regionales Risaralda, Quindío, Chocó y Pacífico también se detallaron afectaciones diferenciadas a pueblos étnicos identificadas.

Caldas

La Defensoría brindó asesorías jurídicas en el punto de atención y en los albergues en materia de derecho laboral, civil y policivo. Entre las principales temáticas se encuentran terminaciones de contratos de arrendamiento, ruta de reclamación de policías y querellas, entre otros asuntos.
Participó en el PMU realizado en Manizales para hacer seguimiento a la situación derivada de la emergencia.
También identificó afectaciones menores en la Casa de Justicia de Manizales y afectaciones importantes en la Casa de Justicia de Riosucio.

Se realizaron visitas y acompañamiento a los albergues, con el siguiente balance:

• Albergue 1 - Coliseo Mayor: 258 personas albergadas, 98 familias, 68 niñas, niños y adolescentes, dos gestantes y 18 personas con discapacidad. Seres sintientes: 22 caninos y nueve felinos.
• Albergue 2 - Coliseo Menor: 63 personas albergadas, 24 familias, 20 niñas, niños y adolescentes y dos personas con discapacidad. Seres sintientes: un canino atendido y dos felinos atendidos.

La Defensoría también hizo seguimiento a las directrices ambientales de la Circular No. 002 de Corpocaldas sobre la gestión y disposición adecuada de residuos de construcción y demolición (RCD) y demás desechos derivados del evento sísmico, articulando la atención y tramitando oportunamente los requerimientos prioritarios ante las autoridades competentes.

Chocó

Se identificó que las Casas de Justicia de Istmina y Condoto sufrieron afectaciones leves.
La Defensoría realizó una visita de verificación en el barrio Buenos Aires —zona alta y baja, sector La Estrella y sector Mirador— y el barrio Horizonte, en Quibdó.

También desplegó misiones de verificación a asentamientos indígenas. En Nampua, en Brisas del Samper, se identificaron 23 familias, correspondientes a 90 personas, y la ocurrencia de una doble afectación: víctimas de desplazamiento por el conflicto y víctimas del terremoto. En los asentamientos Casimiro, del pueblo Emberá Dobia, se identificaron 39 familias, correspondientes a 112 personas.
Se realizó una visita al nuevo albergue en el Coliseo Municipal El Jardín, en Quibdó, que alberga 213 personas. Allí se evidenció la entrega de atención humanitaria, la presencia de equipos del ICBF y la Cruz Roja para la atención de niñas, niños y adolescentes y la prestación de servicios básicos de salud. Se han realizado los censos a las víctimas. No obstante, persisten riesgos para niñas, niños y adolescentes y brechas de atención a personas migrantes, quienes presentan doble afectación.

La Defensoría del Pueblo constató el despliegue de apoyos de ingenieros y especialistas en estructuras por parte de la Alcaldía de Bogotá. El grupo de ingenieros apoya la evaluación de daños a estructuras para determinar la habitabilidad en los municipios de Chocó, Istmina y La Unión Panamericana.
Asimismo, la Defensoría verificó en sus visitas afectaciones a instituciones educativas en Quibdó, especialmente en el Colegio Carrasquilla Industrial. No se evidencia un plan o alternativas para activar la educación en emergencia.

Pacífico

La Defensoría realizó acompañamiento y seguimiento a la situación de las personas que se encontraban privadas de la libertad en el Centro de Detención Transitoria Marte y que tuvieron que ser reubicadas transitoriamente en el Coliseo de Buenaventura.

También acompañó y realizó seguimiento a la ocurrencia del incendio estructural del 10 de agosto en Guapi, Cauca, en el que resultaron afectadas dos familias y sus viviendas, una de ellas con pérdida total.

En Buenaventura se verificó que las Casas de Justicia no sufrieron afectaciones.

En articulación con la Secretaría de Educación y la Oficina de Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, se realizaron tres visitas a comunidades rurales del Litoral del San Juan: Puerto España, Fortuna Miramar y Unión Agua Clara.

Esta zona rural no había sido visitada por el gobierno local después del terremoto del 10 de agosto, situación asociada a la lejanía y las dificultades de comunicación.

La articulación interinstitucional para realizar el acompañamiento a las tres comunidades en el Litoral de San Juan ha sido resultado de la incidencia de la Defensoría del Pueblo en los espacios del PMU, donde se reiteró al gobierno local la necesidad urgente de llegar a estas comunidades. Estas manifestaron que, antes de la jornada del 15 de agosto, no habían contado con la presencia y respuesta de la Alcaldía.
Como resultado del acompañamiento de la Defensoría del Pueblo a las tres comunidades del Litoral de San Juan, se logró consolidar el primer reporte oficial de la Oficina de Gestión del Riesgo territorial sobre su situación y sus afectaciones diferenciadas, particularmente respecto de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, comunidades afrodescendientes e indígenas y población con antecedentes de desplazamiento.

La visita a las comunidades rurales y étnicas de Puerto España, Fortuna Miramar y Unión Agua Clara permitió verificar directamente afectaciones de vivienda, infraestructura comunitaria y educativa, dificultades de acceso a agua potable, ausencia de servicios de salud, problemas de energía y comunicaciones, inundaciones, falta de albergues y necesidades de ayuda humanitaria.

En las notas de la jornada no se registraron compromisos concretos, cronogramas o respuestas individualizadas de las autoridades frente a cada necesidad identificada, por lo que corresponde mantener seguimiento defensorial a las acciones que se adopten con posterioridad a la visita.

Quindío

En Armenia, el 14 de agosto en horas de la noche, se logró la instalación del baño público en la comunidad indígena Cabildo Indígena Emberá Chami Kibara, mientras se habilita el albergue con enfoque étnico.

Risaralda

Entre el 14 de agosto de 2025 a las 5:00 p. m. y el 15 de agosto a las 5:00 p. m., la Defensoría Regional realizó las siguientes gestiones:
Participó en la misión territorial en San José del Palmar, con verificación de la vía y diálogo con la Alcaldía, líderes comunitarios y representantes del sector panelero.

Se dialogó con la presidenta de la JAC de Corcovado y con un concejal, quienes a su vez ejercen liderazgo con la Asociación de Paneleros, cuyos asociados son mayoritariamente del sector rural. Manifestaron afectaciones en cultivos y trapiches palenqueros, con grave limitación de medios de vida y capacidad productiva.

En la Institución Educativa San José se alertó sobre la necesidad de garantizar el derecho a la educación durante la transición, especialmente si la demolición y construcción se realizan por etapas.

La Defensoría ha hecho seguimiento a la situación general de los albergues. No existe un censo consolidado y el reporte del 14 de agosto de Pereira indicó límite de aforo en Coliseo Mayor, El Vergel, Olaya, Parque El Oso y Estadio Mora Mora.

Se han visitado cuatro albergues y se verificaron las siguientes condiciones:

La Defensoría también realizó una visita al centro de acopio de Expofuturo, en Pereira. Allí constató definición de responsabilidades, coordinación institucional, registro de ayudas, condiciones adecuadas de almacenamiento, protección de alimentos y agua, recursos para distribución, asistencia alimentaria balanceada y culturalmente adecuada y priorización de grupos con mayores dificultades.

Participó e incidió en los PMU municipales de Santa Rosa de Cabal, Pereira y Dosquebradas y en el departamental de Risaralda. Se informó que Risaralda no cuenta con EDAN consolidada y se formularon solicitudes al ministro Rodrigo Lara, principalmente para la zona rural.

En el PMU de Pereira se planteó que debe instalarse un PMU conjunto con Dosquebradas por la conurbación y las dificultades de censo, dado que personas residentes en un municipio acuden a los servicios y registros del otro.En apoyo a la Contraloría General de la República se solicitó activar el PAE desde el martes siguiente, fecha de regreso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de vacaciones. La Gobernación indicó que requería concepto de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), al considerar que la suspensión de clases suspendía también la provisión del PAE.

En el sector Miraflores, Dosquebradas, ante la necesidad de evacuar y eventualmente demoler, la Defensoría elaboró un documento de estrategia de concertación, precisiones técnico-jurídicas y estándares mínimos de garantía de derechos.

La estrategia recomendó escucha activa; actas de concertación; comunicación comprensible del riesgo; protección conjunta de bienes; identificación de medios de vida desarrollados en las viviendas; censo incluyente de propietarios, arrendatarios, tenedores y ocupantes; alojamiento previo y digno; ruta habitacional; atención psicosocial y en salud; continuidad educativa; recuperación de documentos; enfoques diferenciales y protección de animales de compañía.
También se solicitó distinguir entre evacuación temporal, desalojo y reasentamiento.

Finalmente, se identificaron afectaciones importantes en la Casa de Justicia Cuba, en Pereira.

Valle del Cauca

Desde el 11 de agosto, la Defensoría ha realizado acompañamiento a sitios identificados como prioritarios: Edificio Torres del Limonar, Edificio Vanessa, Edificio Ana Pilar, Edificio Cantabria, Plazoleta Jairo Varela y albergues.

También acompañó la situación del Edificio Antonio Nariño, donde se dieron directrices para el registro en el RUD y el reporte de daños.
Se realizó una visita al albergue Cancha de Hockey, que a la fecha ha recibido más de 30 familias, correspondientes a 143 personas: 86 mayores de 18 años y 56 entre 0 y 17 años. La Defensoría solicitó un censo por ciclo vital al final del día y la reparación de los baños del segundo piso.

El 14 de agosto se visitaron los albergues Santa Elena y Alto Meléndez, que requieren reforzar el acompañamiento de la administración municipal.
En Cali se identificaron afectaciones en las Casas de Justicia de Siloé y Los Mangos.

En materia de salud, se atendió la solicitud urgente de un paciente de 73 años que fue dado de alta con ocasión del terremoto sin que se le realizara el procedimiento que requería. La Defensoría requirió a su entidad prestadora de salud la asignación de una IPS y la autorización y realización urgente del procedimiento.

El 15 de agosto fueron instalados dos toldos temporales para la atención a la comunidad, con acompañamiento de funcionarios del nivel central que cumplen funciones en la Delegada de Conflictividad Social.

Antioquia

La Defensoría realizó visitas a Itagüí y Andes, donde no se evidenciaron afectaciones graves, aunque sí se identificaron algunas afectaciones en la infraestructura.

En Envigado se realizaron visitas a dos instituciones educativas, donde se identificaron fisuras en las paredes sin evidenciar afectaciones de gravedad. En una de ellas se confirmó la demolición preventiva de un muro.
En general, no se evidenciaron daños que implicaran la desescolarización de los estudiantes. Se solicitó a las autoridades locales realizar el mantenimiento, resane y reparación de las fisuras.

También en Envigado se realizó una visita de verificación a una vivienda habitada por personas adultas mayores. Estas no presentan afectaciones en su salud, pero se encontraron daños graves en el techo y las paredes de la vivienda.

La Defensoría recomendó a la administración municipal agilizar la entrega del auxilio de vivienda temporal por seis meses y realizar las reparaciones necesarias. Como respuesta, la administración confirmó que las medidas ya se encuentran en trámite y que los adultos mayores están en las casas de su red de apoyo.