• Tras el terremoto del 10 de agosto, 1.046 personas permanecen en tres albergues autogestionados en Chiminango I, Chiminango II y Calimio Norte.

 

Luego del terremoto en Colombia registrado el pasado 10 de agosto, la Defensoría del Pueblo desplegó una comisión especial en Cali, con el fin de verificar que las entidades del Estado garanticen los derechos fundamentales de las personas afectadas y monitorear las condiciones de los albergues habilitados por la alcaldía y los autogestionados de manera independiente por la comunidad.

En desarrollo de esta labor se constataron las condiciones de 336 familias (1.046 personas) que permanecen en tres albergues temporales autogestionados en los barrios Chiminango I, Chiminango II y Calimio Norte (sector Ramalí).

Durante el recorrido, las comunidades expresaron su preocupación por las limitadas condiciones de habitabilidad y la urgencia de recibir intervención estatal. En este contexto, los integrantes de la comisión identificaron los siguientes hallazgos:

• Evaluación estructural urgente: se requiere una visita técnica inmediata de la Secretaría de Gestión del Riesgo para determinar el estado real de los edificios y viviendas, pues existe un grave riesgo por las personas que se niegan a desalojar edificaciones visiblemente afectadas.

• Atención humanitaria integral: faltan suministros básicos, carpas para protegerse del clima, iluminación adecuada en las zonas de refugio y garantías inmediatas de salubridad y seguridad.

• Censo y prevención de conflictos: se requiere caracterizar urgentemente a la población. Se identificaron tensiones vecinales crecientes por la distribución de ayudas y la ocupación de los espacios por personas ajenas a la emergencia.

• Enfoque diferencial: es indispensable priorizar la atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades base.

• Priorizar a las mujeres en la respuesta humanitaria: los albergues son liderados por mujeres lo cual es una sobrecarga en las labores y en la responsabilidad que asumen en la recuperación emocional propia, de las familias y comunidades. También es indispensable que en los censos se identifiquen los hogares con jefatura femenina; así como atender las necesidades específicas.

Frente a la situación descrita, la Defensoría del Pueblo presentó estos hallazgos en un Puesto de Mando Unificado (PMU) Distrital de alto nivel, que contó con la participación de las secretarías de Gobierno, Gestión del Riesgo, Infraestructura, Salud, Educación y Bienestar Social de Cali, logrando establecer compromisos institucionales concretos para la atención inmediata de la emergencia por parte de las autoridades que aceptaron las recomendaciones de la entidad.

La Defensoría mantendrá un monitoreo en el territorio para verificar que las acciones de la administración municipal se ejecuten de manera oportuna, asegurando el respeto pleno a la dignidad, la autonomía y los derechos humanos de todas las personas afectadas por el evento sísmico.