• El informe identifica las principales barreras de acceso y plantea una agenda de prioridades para proteger a las y los usuarios del sistema.
• En Guainía, Vichada, Vaupés, Amazonas y Guaviare, las distancias, la limitada oferta y los traslados agravan las dificultades para acceder a servicios de mediana y alta complejidad. 
• Se requiere pasar de la gestión de contingencias a la de resultados, fortaleciendo las redes, anticipando riesgos y garantizando una atención oportuna y de calidad.

Bogotá, 11 de septiembre de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo presentó al Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, el informe “Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud: Aprendizajes y decisiones impostergables desde los territorios” el cual reúne los principales hallazgos del seguimiento realizado en 2026 por medio de los Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA). 

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, destacó la importancia de estos espacios de análisis y articulación con el Ministerio de Salud y el sector salud, con el fin de trabajar de manera armónica desde la institucionalidad y sumar esfuerzos frente a la crisis que atraviesa el país. El propósito es contribuir con herramientas y acciones conjuntas que permitan avanzar en la garantía del derecho a la salud de las y los colombianos.

El informe busca propiciar un diálogo estratégico que permita construir una agenda coordinada entre el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Defensoría del Pueblo para abordar las problemáticas que afectan la garantía del derecho a la salud, a partir de las prioridades identificadas en los territorios y de las necesidades de las poblaciones de especial protección constitucional. 

Asimismo, el documento aporta elementos al Gobierno nacional en el marco de un plan de estabilización, que no solo supere la crisis agudizada durante los últimos dos años, si no que permita mejorar las condiciones de oportunidad, eficiencia e integralidad dentro del sistema de salud, así como superar las barreras estructurales identificadas. 

Este ejercicio contó con la participación del Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el Instituto Nacional de Salud e Invima, entidades que aportaron sus perspectivas y capacidades para fortalecer las acciones propuestas. 

El análisis de quejas, tutelas, reclamos, información de las EPS, verificaciones con usuarios y visitas territoriales permitió identificar brechas entre los reportes institucionales y la atención recibida. Un medicamento entregado con retraso, una remisión autorizada que no se concreta o una red sin capacidad suficiente evidencian que los indicadores administrativos no reflejan por sí solos la garantía efectiva del derecho a la salud.

De los PMU a los DIPSA: una estrategia que evolucionó para responder a las nuevas realidades

La experiencia de los PMU durante 2025 dio paso a los DIPSA, una estrategia más focalizada que se desarrolla en dos niveles de trabajo, uno nacional y otro territorial. La estrategia se basa en evidencia para identificar riesgos, generar compromisos y hacer seguimiento a las barreras de acceso a los servicios de salud.

DIPSA inició en febrero del 2026 con Nueva EPS, Famisanar y Comfenalco Valle y posteriormente fueron incorporadas Emssanar, Asmet Salud, Capresoca, Savia Salud, Coosalud, Servicio Occidental de Salud (SOS), Sanitas, Sura y Fomag-Magisterio, para un total de 12 entidades priorizadas.

Entre enero y agosto de este año, se realizaron 41 reuniones: 36 regionales y cinco nacionales, con participación de EPS, entidades del sector salud, organismos de control y organizaciones de usuarios. La metodología se ajustó según la evolución de los riesgos, reafirmando que el seguimiento debe responder a las condiciones del sistema y de los territorios.

Uno de los principales aportes de DIPSA es contrastar la información institucional con la experiencia de pacientes y comunidades mediante diálogos con EPS, entidades gubernamentales, organismos de control, IPS y organizaciones de pacientes.

En medicamentos, aunque las EPS reportaron a la Defensoría del Pueblo, por medio de un instrumento de autorreporte, una efectividad de entrega promedio nacional del 92% en febrero del 2026, al hacer un ejercicio de verificación de derecho con usuarios a nivel nacional, se encontró que el 87% de 2.042 usuarios encuestados tuvo problemas de entrega, principalmente por falta de disponibilidad (61 %). Además, el 46 % tuvo que comprarlos con recursos propios y el 20 % indicó no poder obtener el medicamento.

Estos resultados evidencian que las dificultades financieras, contractuales y administrativas terminan afectando a los usuarios. Cuando esto ocurre, dejan de ser asuntos administrativos y se convierten en vulneraciones del derecho a la salud; y es de resaltar que las principales vulneraciones se concentran en los siguientes grupos de EPS: Nueva EPS (Presencial Nacional), Famisanar, FOMAG, SOS, Coosalud, ASMET Salud y Capresoca.

El territorio como sistema de alerta

La estrategia DIPSA evidenció que las cifras nacionales no reflejan por sí solas las barreras de acceso a la salud. El trabajo de la Defensoría del Pueblo es un termómetro de lo que ocurre e los territorios: En Guainía, Vichada, Vaupés, Amazonas y Guaviare, las distancias, la limitada oferta y los traslados agravan las dificultades para acceder a servicios de mediana y alta complejidad.  Estas problemáticas también impactan la red pública, como ocurrió en Chocó, donde el Hospital San Francisco de Asís registró una sobreocupación cercana al 340 %.

Sismo evidenció brechas previas en salud

La Defensoría del Pueblo desplegó acciones territoriales en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Quindío y Caldas, entre otras, para atender las necesidades de las comunidades y verificar las condiciones de atención en salud y albergues.
La emergencia hizo más visibles afectaciones y barreras que ya existían en estas regiones, especialmente para poblaciones vulnerables. Por ello, el plan de recuperación frente al sismo no puede avanzar de manera aislada del plan de estabilización del sistema de salud, y debe garantizar respuestas oportunas con enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

Principales hallazgos por EPS

Nueva EPS

Nueva EPS, presente en todos los departamentos del país, concentraba 11.344.596 afiliados en junio del 2026, según la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), esto es el 22% de la población.  El seguimiento identificó dificultades financieras, contractuales y relacionadas con la operación farmacéutica. La entidad reportó una efectividad promedio de 86,8 % en medicamentos entre septiembre del 2025 y febrero del 2026. 

Sin embargo, al 30 de agosto pasado, los 986 usuarios que participaron en la encuesta de verificación de derechos manifestaron problemas con la entrega, y en el 78 % de los casos la dificultad correspondió a falta de disponibilidad. También se identificaron afectaciones en referencia y contrarreferencia, estancias hospitalarias prolongadas y barreras para la autorización de servicios complementarios. 

Famisanar

Famisanar registró 1.886 quejas en la Defensoría del Pueblo durante el primer semestre del 2026, frente a 861 en el mismo periodo del 2025 (un incremento del 119 %). La falta de oportunidad en medicamentos representó el 23 % de las quejas, seguida de dificultades para acceder a citas médicas, con 15 %, y negación de servicios o entrega parcial de medicamentos, con 9 %.  La EPS reportó una efectividad promedio de 91,8 % en medicamentos entre septiembre del 2025 y febrero del 2026.

Comfenalco Valle

Comfenalco Valle reportó una efectividad promedio del 88,3 % en la entrega de medicamentos para febrero del 2026, pero las quejas evidenciaron dificultades de oportunidad y continuidad. La entidad reportó 1.473 tutelas entre septiembre del 2025 y febrero del 2026, principalmente relacionadas con citas médicas, medicamentos, servicios complementarios y referencia y contrarreferencia.

El informe identifica, además, el “efecto coletazo” mediante el cual las dificultades de aseguradoras de gran escala pueden generar sobrecarga en las redes y afectar indirectamente a otras entidades que operan en el mismo territorio.

Coosalud

Coosalud registró 1.589 quejas en la Defensoría del Pueblo durante el primer semestre del 2026, un 15 % más frente al mismo periodo del 2025. La principal causa fue la falta de oportunidad en medicamentos, con el 33 %. 

La entidad reportó una efectividad promedio del 77,9 % en medicamentos entre septiembre del 2025 y febrero del 2026. La verificación de la Defensoría encontró dificultades en la totalidad de los 86 usuarios encuestados entre enero y agosto del 2026.

Sanitas y Sura

Sanitas reportó una efectividad promedio del 98,3 % en medicamentos entre septiembre y febrero del 2026. No obstante, los 110 usuarios participantes en la encuesta de verificación aplicada por la Defensoría manifestaron problemas en la entrega, principalmente por falta de disponibilidad, que representó el 68 %. 
 
Además, Sanitas registró 140.670 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud durante el primer semestre de 2026, un aumento del 9,4 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 128.533 reclamos.

Sura reportó una efectividad promedio del 97 % en medicamentos y una red de 1.453 instituciones prestadoras. El seguimiento evidencia la necesidad de analizar estos indicadores junto con la distribución territorial de afiliados y las quejas recibidas.

Capresoca 

El 99,99 % de los afiliados de Capresoca está en Casanare, donde se concentró el 99,4 % de los 847 reclamos recibidos por la Defensoría entre enero y junio del 2026.  Asimismo, en el primer semestre del 2026, las tutelas apoyadas por la Defensoría aumentaron 116,3 % en comparación con el mismo periodo del 2025, pese al autorreporte de efectividad promedio en la entrega de medicamentos del 95,2 %.

Savia Salud

Savia Salud registró 47.760 reclamos ante la Superintendencia en el primer semestre del 2026, un aumento del 48 % frente al mismo periodo del 2025. Aunque reportó una efectividad en la entrega promedio del 95,4 % en medicamentos, persisten dificultades de acceso.

Emssanar, Asmet Salud, SOS y Fomag-Magisterio

Emssanar registró 1.914 quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo y una efectividad promedio del 84,8 % en la entrega de medicamentos. 

Asmet Salud acumuló 1.318 quejas entre enero del 2025 y junio del 2026 en la Defensoría y no reportó la información de autorreporte solicitada en el marco de los DIPSA, omisión que fue informada a la Superintendencia Nacional de Salud. 

Servicio Occidental de Salud (SOS) reportó una efectividad promedio de entrega de medicamentos del 89,3 % entre septiembre y febrero de 2026. 
 
En Fomag-Magisterio, los reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud aumentaron 31 %, al pasar de 19.440 en el primer semestre del 2025 a 25.408 en el primer semestre del 2026. En el periodo enero-junio del 2026, la Defensoría apoyó 124 tutelas, frente a 75 en 2025.

Conclusiones: pasar de administrar la crisis a reducir vulneraciones y mejorar resultados en salud

El informe ‘Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud: aprendizajes y decisiones impostergables desde los territorios’ deja una conclusión central:  barreras de acceso no responden a una única causa, la interacción entre dificultades financieras, administrativas, territoriales y de gestión termina trasladando al paciente las consecuencias de las fallas del sistema.

La garantía del derecho a la salud requiere pasar de una gestión centrada en resolver contingencias a una capacidad institucional orientada a anticipar riesgos, utilizar eficientemente los recursos, fortalecer las redes de atención y disminuir la desigualdad territorial. 

Defensoría plantea cinco prioridades para el Gobierno nacional:

1.    Priorizar las entidades con mayores riesgos para la continuidad de la atención y mayores vulneraciones a las personas usuarias. 

2.    Priorizar los territorios con mayores barreras y fortalecer su capacidad de respuesta, incluyendo los afectados por el sismo.

3.    Valorar y fortalecer la red de prestación de servicios con enfoque de macrorregiones.

4.    Implementar un plan de monitoreo y análisis del marco legal para la transición y salvamento de las EPS intervenidas.

5.    Fortalecer la respuesta en salud mental ante la creciente demanda derivada de la emergencia producto del terremoto.

Esto requiere decisiones de fondo para asegurar un financiamiento equitativo y sostenible, fortalecer las capacidades y gobernanza territorial y consolidar una rectoría nacional que permita coordinar actores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del sistema.