Pacífico

En Buenaventura, las comunidades negras de los Consejos Comunitarios de Villa Stella, La Brea y Bajo Calima presentan afectaciones diferenciales por su ubicación en zona rural. La emergencia dañó no solo viviendas, sino también infraestructura comunitaria esencial —casetas comunales, instituciones educativas, iglesias, vías y puentes—, lo que ha limitado los espacios de organización y respuesta comunitaria. En La Brea, por ejemplo, la caseta comunal resultó afectada y no puede usarse como albergue; en algunos sectores no hay albergues disponibles y las familias han debido recurrir a redes familiares o permanecer en andenes.

También se constataron afectaciones en el acceso a agua potable y energía eléctrica: comunidades de Bajo Calima, que dependen de sistemas comunitarios de recolección de agua lluvia, no habían recibido esta semana el abastecimiento que realiza la Alcaldía Distrital, y la estructura de almacenamiento de agua en La Brea se desplazó por el terremoto. En sectores de Bajo Calima no hay energía eléctrica, y en La Estrella se constató ausencia tanto de agua como de energía.

La Defensoría Regional identificó la necesidad de ampliar la presencia institucional en el área rural de Buenaventura, que cuenta con 19 corregimientos y cerca de 388 veredas, muchas de difícil acceso por vía marítima o fluvial, entre ellas Bajo Calima, Juanchaco y Ladrilleros, La Bocana, Piangüita, Puerto Merizalde, Punta Soldado, Aguaclara, Cisneros, Córdoba, Yurumanguí, Anchicayá, Naya, Cajambre y Raposo.

En salud, se identificó la necesidad de fortalecer la atención a pacientes pediátricos, personas mayores y quienes requieren medicamentos y suplementos, así como a personas con discapacidad o movilidad reducida. El centro de salud de Bajo Calima presenta fisuras y afectación estructural, incluida la caída de una pared. Organizaciones médicas y personas interesadas en donar medicamentos e insumos han tenido dificultades para establecer contacto con la Secretaría de Salud o con un enlace específico de la Alcaldía que coordine su ingreso y distribución.

Se identificó, además, la necesidad de evaluación técnica de viviendas y estructuras educativas, evacuación inmediata de hogares en riesgo de colapso y demolición de estructuras que representan riesgo para la comunidad.

Quindío

Los albergues en Armenia, Quimbaya y Montenegro no cuentan con condiciones de seguridad, privacidad ni iluminación adecuadas para prevenir violencias contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población OSIGNH, y tampoco disponen de agua potable ni duchas. Se requieren ingenieros voluntarios que apoyen la valoración de afectaciones, pues la capacidad actual es insuficiente. Se identificaron comunidades indígenas afectadas en Armenia y Pijao, de los cabildos Embera Chamí —26 familias y 92 personas afectadas— y Embera Katío. La Defensoría Regional también requiere una sede temporal para su atención al público.

Chocó

Los albergues, conformados por carpas instaladas en espacios abiertos, presentan condiciones inadecuadas por falta de privacidad y de unidades sanitarias, por lo que se requieren medidas con enfoque diferencial que garanticen la protección de niñas, niños y adolescentes. Se identificaron necesidades prioritarias en la disponibilidad de camas hospitalarias, medios para el traslado de pacientes, restablecimiento de servicios públicos en los centros de atención y primeros auxilios psicológicos para la población afectada. La Defensoría recomendó culminar de manera oportuna el censo de personas afectadas y la evaluación de daños, y garantizar la atención humanitaria oportuna.

Valle del Cauca

En los municipios afectados se identifican necesidades de ingenieros estructurales, materiales de construcción, carrotanques, maquinaria pesada, retroexcavadoras, volquetas y motosierras; kits de ayuda humanitaria, aseo e insumos médicos; colchonetas, frazadas, alimentos no perecederos, carpas y estufas; restablecimiento del servicio eléctrico y plantas eléctricas; suministro de agua mediante carrotanques; reubicación urgente de familias; subsidios de alojamiento; y dotación para albergues. Más de 30 personas del equipo de la Regional Valle del Cauca también resultaron afectados.

Caldas

Se advirtió la situación de vulnerabilidad de vendedores informales de la carrera 23, que no han podido trabajar por los cierres viales, y de personas en ejercicio de actividades sexuales pagas cuyos lugares de trabajo resultaron afectados por el terremoto.

Afectaciones diferenciadas a pueblos étnicos

Con corte al 13 de agosto se identificaron 36 casos de comunidades étnicas afectadas, cinco más que los reportados el 12 de agosto: uno en Chocó, tres en Quindío y uno en Cauca. Dos de los casos registrados en Quindío corresponden a cabildos urbanos a los que recientemente se tomó declaración colectiva en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011.

En el Pacífico, la Defensoría realizó una visita de verificación y caracterización en las comunidades de Bajo Calima (La Brea, Villa Estela y Colonia), con énfasis en los Consejos Comunitarios, e identificó afectaciones en vivienda, infraestructura educativa y de salud, servicios públicos y población de especial protección constitucional. Recomendó priorizar la evaluación, evacuación y demolición de viviendas en riesgo; habilitar albergues temporales seguros; garantizar agua potable y energía; fortalecer la atención en salud y brindar apoyo psicosocial, especialmente a niñas, niños y adolescentes; y adoptar medidas diferenciales para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres cabeza de hogar, entre otras poblaciones vulnerables. Las autoridades informaron que cerca del 90 % de las viviendas ya habían sido valoradas, que se contó con apoyo de bomberos y acompañamiento psicológico de Cali, que PROVID planteó habilitar un alojamiento temporal, y que se avanza en articulación con la Secretaría de Educación para un nuevo cronograma escolar. Las demás necesidades continúan en gestión.

En Quindío, la Defensoría realizó visitas de verificación a los albergues de Armenia y Quimbaya y avanzó en la caracterización de la población étnica afectada.

En Chocó, desplegó una misión de verificación en el municipio de Unión Panamericana y los corregimientos de Las Ánimas y La Y, donde entrevistó a población afectada y autoridades locales y verificó los avances en censos y visitas técnicas a predios. También realizó visitas a los centros de salud del municipio y sus corregimientos, y presentó sus hallazgos en el Puesto de Mando Unificado del 13 de agosto.

En Caldas, redireccionó a las instituciones competentes las necesidades identificadas en materia de derechos humanos y constató que ese día empezó a operar un segundo albergue en el Coliseo Menor, mientras un tercero se encuentra en alistamiento. Apoyó las solicitudes de visitas a predios por parte de bomberos y grupos de ingeniería para verificar daños estructurales y definir evacuaciones o retornos. Advirtió la vulneración de los derechos de los vendedores informales, tras lo cual la Alcaldía dispuso su reubicación en un albergue, y puso en conocimiento de las autoridades la situación de las personas en ejercicio de actividades sexuales pagas, para lo cual la Dirección de Gestión del Riesgo dispuso equipos de atención.

En Valle del Cauca, continuó con labores humanitarias y de seguimiento, acompañamiento y trámite a la respuesta institucional desplegada tras la emergencia.