La Defensoría del Pueblo participó en la segunda sesión ordinaria del Consejo Departamental de Reincorporación en Guaviare, con el objetivo principal de articular la oferta institucional para garantizar los derechos de la población en proceso de reincorporación, así como la integración de sus familias y comunidades.

Este Consejo, oficializado en el departamento mediante la Ordenanza N° 537 de 2024, funciona como una instancia de coordinación pública y privada. Su misión es facilitar la transición a la vida civil y promover condiciones efectivas para la inclusión social y económica en la región.

Durante la jornada, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) presentó los avances institucionales en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Marco Aurelio Buendía, en la vereda Charras, y Jaime Pardo Leal, en la vereda Colinas, ubicados en San José del Guaviare. Los progresos reportados se centran en áreas clave para la dignidad humana, abarcando mejoras en vivienda, salud, desarrollo productivo, educación y acceso a tierras.

Compromiso constitucional con la paz

En el desarrollo del encuentro, la entidad reiteró que la entidad realiza un seguimiento riguroso y constante a la implementación del Acuerdo Final. En ese sentido, destacó que la reincorporación integral es un pilar fundamental para avanzar hacia una paz estable y duradera.

La participación de la Defensoría del Pueblo en estos escenarios permite fortalecer el diálogo entre las instituciones, las comunidades y la población firmante. Asimismo, facilita la identificación oportuna de situaciones que puedan representar barreras para el acceso efectivo a derechos y servicios públicos básicos.

Articulación territorial para la garantía de derechos

El espacio de coordinación, realizado el 25 de agosto de 2026 en la Gobernación del Guaviare, permitió consolidar los compromisos adquiridos en el territorio. Además de las y los representantes de las personas firmantes, el encuentro contó con la participación de un bloque sólido de entidades, integrando los esfuerzos de la ARN, las alcaldías de San José del Guaviare, Calamar, El Retorno y Miraflores, la Secretaría de Salud departamental y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

A esta suma de voluntades también se unieron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Policía y el Ejército Nacional.

La Defensoría del Pueblo continuará acompañando estos espacios de seguimiento en el departamento, impulsando la articulación interinstitucional y la protección integral de los derechos de todas las personas y comunidades involucradas en la construcción de paz.