• Medicamentos no entregados, demoras en autorizaciones, citas especializadas y suspensión de servicios por falta de pagos a la red prestadora evidencian un deterioro que pone en riesgo el derecho fundamental a la salud.
• Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Sucre y Valle del Cauca registran el mayor número de reclamos hechos por las personas usuarias.
• Esa entidad promotora de salud debe garantizar la entrega oportuna de medicamentos, fortalecer la red prestadora, eliminar las barreras administrativas y cumplir las decisiones judiciales.
• También, priorizar la atención de los distintos grupos etarios, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo o con especial protección constitucional.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro en la prestación de los servicios de salud para las cerca de 3,3 millones de personas afiliadas a Coosalud EPS debido a la persistencia de barreras que afectan el acceso oportuno a medicamentos, consultas especializadas, autorizaciones y demás servicios esenciales, con impactos para la salud, la vida y la dignidad de la población afiliada.

Entre enero del 2025 y junio del 2026, la entidad registró 5.581 reclamos contra esa EPS. Más del 60 % de los casos se concentró en Bolívar (2.192), Antioquia (743) y Norte de Santander (450). Les siguieron Santander, Sucre y Valle del Cauca.

La situación tiene especial relevancia porque varios de los departamentos donde opera la EPS concentran una alta presencia de pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Persisten las barreras de acceso

La información recopilada por las defensorías regionales, personas usuarias, organizaciones de pacientes y prestadores de servicios de salud evidencia un patrón reiterado de dificultades en la entrega de medicamentos, la autorización de servicios, la asignación de citas especializadas, los procesos de referencia y contrarreferencia, así como la suspensión de servicios por incumplimientos en los pagos a la red prestadora.

Como parte de las acciones de verificación del derecho a la salud, la Defensoría aplicó 58 encuestas a personas afiliadas a Coosalud durante 2026. En el 100 % de los casos, las personas encuestadas manifestaron haber tenido problemas para recibir sus medicamentos, siendo la principal dificultad la falta de dispensación en los puntos de atención.

Aunque la EPS reportó una efectividad del 84,44 % en la entrega de medicamentos, los hallazgos de la Defensoría muestran que esta sigue siendo una de las principales causas de reclamación en los territorios.

Dificultades financieras y administrativas agravan la atención

La Defensoría del Pueblo también identificó que el deterioro financiero de la red prestadora está comprometiendo la continuidad de la atención en distintas regiones del país. A ello se suman barreras administrativas persistentes relacionadas con autorizaciones, acceso a especialistas, transporte en salud y otros servicios complementarios, lo cual limita el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

Las afectaciones han aumentado la conflictividad y el uso de mecanismos de protección de derechos. En el desarrollo de la estrategia Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA), de la Defensoría del Pueblo, Coosalud reportó 609 acciones de tutela y 10 acciones populares entre septiembre del 2025 y febrero del 2026, principalmente por problemas en la entrega de medicamentos, citas médicas y referencias.

La Defensoría considera que estos datos evidencian la necesidad de fortalecer el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales y garantizar respuestas oportunas a las personas usuarias.

Llamado urgente

Frente a este panorama, la Defensoría le hizo un llamado urgente a Coosalud EPS para que implemente medidas administrativas, financieras y operativas que permitan restablecer la prestación continua e integral de los servicios de salud.

Entre las acciones solicitadas se encuentran garantizar la entrega oportuna de medicamentos, fortalecer la red prestadora, eliminar las barreras administrativas, cumplir las decisiones judiciales y priorizar la atención de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo o con especial protección constitucional.

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