Bogotá, 6 de agosto de 2026 (@DefensoriaCol). Entre enero y agosto del 2026, la Defensoría del Pueblo consolidó una estrategia integral para proteger el derecho fundamental a la salud, basada en el seguimiento permanente a las vulneraciones, al diálogo con las entidades responsables y la construcción de propuestas para fortalecer el sistema. 

Si bien los desafíos persisten, las acciones implementadas han permitido desacelerar el crecimiento de las vulneraciones y evidenciar avances en indicadores claves relacionados con el acceso a medicamentos y la atención en salud.

Desde 2023 se han acumulado más de 138.000 quejas en salud, situación que motivó el fortalecimiento de una estrategia nacional de articulación e incidencia.

Evolución de las vulneraciones del derecho a la salud

Como parte del monitoreo permanente, la Defensoría fortaleció la batería de indicadores estandarizados construida a partir de la instalación de los puestos de mando unificado (PMU) en 2025, herramienta que permite identificar tendencias, focalizar territorios críticos y orientar respuestas institucionales. 

Uno de los hallazgos más relevantes del balance semestral corresponde al acceso a medicamentos. De acuerdo con la información de la Superintendencia Nacional de Salud, mientras el total de reclamos en salud aumentó cerca del 6% entre enero y junio del 2026, al pasar de 983.399 a 1.039.248, frente al mismo periodo del 2025, las reclamaciones relacionadas con la entrega de medicamentos disminuyeron un 17,2%, al pasar de 284.205 (el primer semestre del año anterior) a 235.205 casos (este primer semestre). 

Este comportamiento evidencia avances en la atención de una de las principales barreras históricas para el acceso efectivo al derecho a la salud.

No obstante, las cifras de la Defensoría del Pueblo muestran una dinámica diferente. Durante el primer semestre del 2026, las peticiones en salud recibidas por la entidad aumentaron un 22% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque en junio se registró una desaceleración del 2%. 

En materia de medicamentos, mientras la Superintendencia reporta una reducción de las reclamaciones, la Defensoría evidenció un incremento del 5% en las quejas relacionadas con este servicio.

Estas diferencias pueden obedecer a varios factores. En primer lugar, el Plan 100 implementado por la Superintendencia Nacional de Salud podría estar contribuyendo a disminuir las reclamaciones por medicamentos, aunque persisten dificultades en el acceso a otros servicios dentro de la red de prestadores.

En segundo lugar, un desgaste de la ciudadanía frente a los mecanismos de reclamación: según la encuesta de verificación de la Defensoría, el 66,1 % de las personas que enfrentaron barreras de acceso a medicamentos no inició ninguna acción administrativa y el 62 % manifestó haber optado por comprar los medicamentos con recursos propios. 

El balance del primer semestre confirma que las vulneraciones al derecho a la salud persisten. Entre febrero y julio, la Defensoría aplicó 1.634 encuestas en 37 de sus regionales: el 80 % de las personas reportó dificultades para acceder a sus medicamentos, se identificaron 1.323 casos con problemas en la entrega y 313 referencias de medicamentos con fallas de suministro. Esta información orienta acciones con las EPS y prioriza intervenciones en los territorios más afectados.

Gestión macro por EPS y por territorio: resultados de los DIPSA

Con el propósito de garantizar respuestas oportunas a las problemáticas identificadas, la Defensoría ha venido consolidando durante 2026 los Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA), una estrategia de coordinación con las EPS, las autoridades nacionales y territoriales y los organismos de control.

La estrategia pasó del PMU a un modelo de gestión que actualmente hace seguimiento a 12 EPS priorizadas por sus niveles de vulneración y presencia territorial: Nueva EPS, Famisanar, Comfenalco Valle, Sanitas, Sura, Fomag, Coosalud, Emssanar, Capresoca, Asmet Salud, SOS y Savia Salud. 

Entre enero y agosto se realizaron 41 reuniones DIPSA (36 regionales y cinco nacionales) con entidades del sector salud, organismos de control, asociaciones de usuarios y EPS. Estos espacios permitieron resolver casos, fortalecer la articulación institucional y hacer seguimiento a problemáticas en EPS y otros temas prioritarios de salud.

Quejas por EPS y departamentos

La tasa nacional de quejas fue de 3,86 por cada 10.000 afiliados, con San Andrés, Quindío, Guaviare, Vaupés y Casanare como los territorios con mayores afectaciones. 

Nueva EPS concentró el mayor número de quejas, mientras que Capresoca registró la tasa más alta, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la respuesta de las EPS en los territorios con mayores barreras de acceso.

Incidencia para la estabilización y transformación del sistema de salud

Además del seguimiento a las vulneraciones, la Defensoría promovió espacios de diálogo para impulsar soluciones estructurales al sistema de salud. A través del documento Decisiones impostergables (link)  y los Diálogos por la Salud y la Vida, reunió a 272 representantes de entidades públicas, organizaciones sociales, comunidades étnicas, academia y actores territoriales en cinco macrorregiones del país, con el fin de construir propuestas para fortalecer la gobernanza y aportar insumos para una futura reforma.

El derecho a la salud requiere seguir con vigilancia permanente, respuestas oportunas e incidencia en las decisiones del sistema.