• La Alerta Temprana de Inminencia 021 de 2026 advierte graves riesgos para las comunidades de Pani, Bajo Río Caquetá Amazonas, Yaigojé Apaporis y Mirití Paraná, así como para las asentadas en las cuencas de los ríos Apaporis y Pirá Paraná.
• La disputa entre los autodenominados EMBF y EMC por el control de economías ilegales amenaza los derechos a la vida, integridad y libertad de las comunidades y las expone a reclutamiento forzado, restricciones a la movilidad, homicidios y otras formas de violencia.
• La Defensoría formuló 22 recomendaciones y urge a la institucionalidad, bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, a activar los mecanismos de respuesta rápida y coordinar acciones humanitarias para proteger a las comunidades.

Bogotá, 9 de septiembre de 2026 (@DefensoriaCol). Es urgente proteger a las comunidades que habitan en los territorios indígenas de Pani, Bajo Río Caquetá Amazonas, Yaigojé Apaporis y Mirití Paraná (que abarca las áreas no municipalizadas de La Pedrera y La Victoria en el departamento del Amazonas), así como a las comunidades indígenas del municipio de Taraira, asentadas en las cuencas de los ríos Apaporis y Pirá Paraná (en el departamento de Vaupés). Es por ello que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 021 de 2026.

La inminencia de la amenaza es por la incursión del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño (el cual pertenece al autodenominado y disidente EMBF, liderado por ‘Calarcá Córdoba’), que avanza por el río Caquetá, desde Puerto Santander hacia el suroriente, para tomar el control de las redes del narcotráfico y la explotación ilegal de oro de aluvión (está en las orillas o sedimentos de ríos). 

Ante este despliegue, el Frente Carolina Ramírez y el Frente Jhonier Arenas (del autodenominado y disidente EMC, liderado por ‘Iván Mordisco’), han reaccionado con el fin de defender sus rentas, lo que ha dejado a la población civil indígena en medio de las hostilidades.

Restricciones a la movilidad y graves afectaciones a la vida e integridad

El Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño ha impuesto toques de queda nocturnos a partir de las 10 de la noche en el casco urbano de La Pedrera y mantiene estrictos retenes fluviales a lo largo de la cuenca del Caquetá. 

Asimismo, la Defensoría documentó homicidios cometidos con extrema sevicia y tortura en la comunidad del Remanso, del territorio indígena Pani, donde las canchas de fútbol comunitario fueron utilizadas para abandonar restos mortales y sembrar miedo ejemplarizante sobre presuntos colaboradores del grupo rival.

Niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento y utilización

La entidad, igualmente, alerta sobre el carácter sistemático del reclutamiento forzado y utilización ilícita de menores de edad, un patrón violento que amenaza con extinguir demográficamente a generaciones enteras de comunidades cuya población es reducida.

En febrero del 2026 se registró la vinculación de siete personas en Curare, incluyendo a dos menores de 14 y 13 años, seguido de nuevos reclutamientos armados en Remanso y Mariápolis durante mayo y junio. 

Preocupa la presión psicológica y las intimidaciones armadas directas ejercidas contra jóvenes estudiantes del internado indígena Piedra Ñí en el río Pirá Paraná (Vaupés) para forzar su vinculación.

Afectaciones a la seguridad alimentaria y el acceso a servicios esenciales 

El aislamiento geográfico de estas zonas selváticas se ha profundizado por paros armados fluviales prolongados que restringen drásticamente la libre navegación, impidiendo a las familias el acceso fundamental a sus zonas de cultivo tradicionales, caza y pesca. Esto ha provocado un desabastecimiento crítico de combustible y alimentos básicos. 

Con el fin de evitar denuncias institucionales, los actores armados ilegales han destruido de manera selectiva las antenas de comunicaciones de internet comunitario, lo cual ha aislado a la población civil y entorpecido el traslado fluvial de pacientes médicos graves.

Respuesta institucional urgente para proteger a las comunidades

Frente a este escenario que vulnera de manera diferencial a pueblos indígenas de especial protección constitucional, como Makuna, Barasano, Yukuna, Tanimuka, Bora, entre otros, así como a los pueblos en aislamiento voluntario Yurí y Passé en el Parque Nacional Natural Río Puré, la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI 021 de 2026 un total de 22 recomendaciones urgentes.

El propósito es que sean activadas de inmediato los mecanismos de respuesta rápida de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), liderada por el Ministerio del Interior. 

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares deben desplegar medidas de disuasión y seguridad con estricto enfoque étnico y respeto al autogobierno indígena. 

Entre tanto, la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación y los gobiernos departamentales de Amazonas y Vaupés deben coordinar de inmediato misiones humanitarias de emergencia, investigar los crímenes y establecer rutas seguras para la salvaguarda de estas poblaciones.

Las Alertas Tempranas de la entidad son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad e integridad de las comunidades.

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