Bogotá, 6 de septiembre de 2026 (@DefensoriaCol). En días recientes, vimos al presidente de la República caminar entre cuerpos en tulas blancas de personas que resultaron muertas en la operación “Azarías”, en el Guaviare. Según el reporte oficial, en dicha operación habrían muerto 23 miembros de las estructuras de alias “Iván Mordisco”, entre ellos, algunos mandos de dicha estructura armada. Según Medicina Legal, dos de las personas muertas en el bombardeo eran menores de edad.

Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada. Sin embargo, no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes. La muerte no es nueva, es recurrente. La muerte de civiles y la muerte de combatientes. La muerte de inocentes y la muerte de culpables.

Los numerosos grupos armados que participan en el conflicto y la criminalidad son crueles, no respetan las reglas más mínimas de humanidad, se ufanan de impiedad y poder. 

El Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en una demostración de poder. 

El Estado tiene el deber de proteger a la población y de enfrentar, dentro de la Constitución y del derecho internacional humanitario, a los grupos armados responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Esta reflexión no desconoce ese deber ni cuestiona, por sí misma, las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. Se refiere a algo distinto: a la manera como el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados.

La Constitución establece que el derecho a la vida es un derecho fundamental de aplicación inmediata que no puede ser suspendido en los estados de excepción, es de carácter inviolable y nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. 

Aún así, el derecho a la vida no es absoluto. El ordenamiento jurídico admite ciertas interpretaciones y aplicaciones restrictivas del derecho a la vida, como por ejemplo cuando se trata de la legítima defensa como causal de exclusión de responsabilidad penal por homicidio; o la permisión de la baja de combatientes en situaciones de conflicto armado, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario. En todo caso, la privación del derecho a la vida no puede ser arbitraria, supone el análisis de consideraciones relativas a la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad. El derecho a la vida admite ponderación cuando se encuentra en conflicto con otros derechos o valores (Corte Constitucional, Sentencia C-430 de 2019). El derecho internacional humanitario parte del mismo principio. Incluso en la guerra existen límites. Los muertos deben ser respetados y tratados dignamente.

Entonces la posibilidad de desplegar acciones militares en las que personas puedan perder la vida es posible, en muchas ocasiones necesarias, quizá indispensables, pero no son deseables. Aunque la baja de una persona responsable de los crímenes más aberrantes pueda ser legal, la protección del derecho a la vida sigue teniendo un lugar preferencial en nuestro ordenamiento jurídico.

Por eso también llama la atención que exista un portal denominado “las bajas del Tigre”, que no se ha confirmado que sea una páginal oficial, donde se cuentan los muertos y otros resultados operacionales desde la posesión del nuevo Presidente. En esto sí que hay que ser cautelosos, porque en el pasado la política que evaluaba los resultados en bajas en combate conllevó a un crimen de sistema que hoy es juzgado por la JEP: los llamados “falsos positivos”. No planteamos con esto que los cuerpos en tulas de la operación “Azarías” atiendan a esta lógica. Pero sí invitamos a tener indicadores más comprensivos de lo que significa la seguridad, que se mide en derechos garantizados y vidas salvadas, especialmente para la población civil sometida al accionar de los grupos criminales.

La humanidad aprendió, después de guerras y violencias extremas, que deshumanizar al adversario termina también deshumanizando a quien ejerce el poder.

Colombia conoce demasiado bien esa historia. Durante décadas, distintos actores armados han utilizado los cuerpos, la humillación y el miedo para enviar mensajes de dominio y terror. Ese lenguaje es el de quienes prefieren la muerte a la vida. No puede convertirse en el lenguaje del Estado. La acción militar del Estado es un deber, es un deber en el que heroícamente miembros de la Fuerza Pública exponen su vida para proteger a la población. Sin embargo, debiera prevalecer siempre la acción de la justicia, no podemos resignarnos. 

Las imágenes y las palabras de quienes representan al poder público importan. Por eso no deberíamos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública ni que la muerte se convierta en una forma de exhibir autoridad.
 
El poder del Estado no se mide únicamente por su capacidad de imponerse por la fuerza, sino por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad. Cada gesto y cada imagen difundida desde una institución pública comunican algo sobre lo que el Estado es y sobre los valores que defiende. Cuando ese poder simbólico se pone al servicio del espectáculo o de la humillación, deja de fortalecer la autoridad legítima y empieza a erosionarla, porque la legitimidad no nace del miedo que el Estado pueda infundir, sino de la confianza que es capaz de inspirar.

El Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar fortaleza. Su autoridad se afirma cuando enfrenta con decisión a quienes amenazan a la población, pero conserva los límites que le imponen la Constitución, la ley y la humanidad.

Defender la dignidad cuando se trata de quienes consideramos adversarios es, precisamente, cuando demostramos que la dignidad humana es un principio y no solo una declaración.