• Tras una acción de tutela de la Defensoría del Pueblo, un juzgado de familia le ordena a la Gobernación de Bolívar y a la Alcaldía de Córdoba resolver, en un máximo de dos meses, la falta de energía eléctrica y las baterías sanitarias en mal estado que afectan al megacolegio Oswaldo Ochoa Becerra. 

 

Una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo logró que fuera amparado el derecho a la educación de las y los estudiantes del megacolegio Oswaldo Ochoa Becerra, ubicado en el casco urbano del municipio de Córdoba, en el departamento de Bolívar. 

El Juzgado Primero Promiscuo de Familia de El Carmen de Bolívar ordenó, en un plazo de 15 días calendario, a la Gobernación de Bolívar, la Secretaría de Educación Departamental y la Alcaldía de Córdoba, junto con las entidades contratadas, establecer los mecanismos legales y presupuestales necesarios para realizar las adecuaciones requeridas en materia de energía eléctrica y baterías sanitarias en la institución educativa. 

Además, el juzgado concede 30 días adicionales para coordinar los aspectos logísticos de las adecuaciones. El fallo subraya que los arreglos no deben superar en ningún caso los dos meses, contados a partir de la notificación. 

Los hechos 

Durante una jornada Buen Futuro Hoy realizada en julio de 2025, la comunidad educativa puso en conocimiento de la Defensoría las dificultades que enfrenta el megacolegio. La entidad verificó las condiciones de la infraestructura y documentó las deficiencias que afectan el desarrollo de las actividades académicas. 

Entre ellas está la falta de fluido eléctrico en toda la institución educativa. La falla obedece a que no hay conexión con la red eléctrica, pues el cuarto dispuesto para tal fin no cumple con el rigor técnico exigido por la empresa prestadora de energía, en este caso Afinia. 

El paliativo para esta problemática fue la puesta en marcha de una planta eléctrica, entregada junto con el plantel educativo, cuyo uso estaba destinado a situaciones excepcionales ante la ausencia de fluido eléctrico. En ocasiones su operación se ve afectada por la falta de combustible, lo que ha llevado a suspender jornadas académicas por el intenso calor. 

Además, las baterías sanitarias presentan cubículos sin puertas y lavamanos frágiles. 

Acción defensorial 

A partir de los hallazgos, la Defensoría les hizo requerimientos a la Alcaldía de Córdoba y a la Secretaría de Educación Departamental, solicitando información sobre las medidas adoptadas para superar las obras pendientes y garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento. Ante la falta de una respuesta oportuna, reiteró los requerimientos el 30 de septiembre de ese año. 

La situación persistió pese a las actuaciones administrativas adelantadas. La comunidad educativa continuó reportando dificultades con el suministro de energía eléctrica y las condiciones de las baterías sanitarias, mientras la Personería de Córdoba también solicitó una intervención urgente en febrero de 2026. 

Ante la falta de soluciones efectivas, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela contra la Gobernación de Bolívar, la Secretaría de Educación Departamental y el Municipio de Córdoba, para exigir la protección de los derechos a la educación y a la dignidad humana de las y los estudiantes, y medidas concretas de seguridad, salubridad e infraestructura. 

El 14 de julio de 2026, el Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano concedió el amparo y ordenó conformar una mesa de trabajo interinstitucional. La Defensoría impugnó la decisión al considerar que, aunque reconocía la vulneración, no establecía órdenes materiales suficientes para superar las causas que afectaban los derechos fundamentales de la comunidad educativa. 

Segunda instancia 

En segunda instancia, mediante sentencia del 19 de agosto de 2026, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de El Carmen de Bolívar confirmó y adicionó el fallo. El despacho concluyó que las actuaciones adelantadas desde 2025 no habían permitido solucionar las deficiencias y determinó que la mesa de trabajo debe avanzar hacia acciones concretas para superar la problemática. 

Con este fallo, la Defensoría del Pueblo hará seguimiento al cumplimiento de los plazos fijados por el juzgado, para que en un máximo de dos meses el megacolegio Oswaldo Ochoa Becerra cuente con conexión eléctrica estable y baterías sanitarias en condiciones adecuadas para su comunidad educativa.