• Juzgado Tercero Administrativo de Mocoa ordena al municipio construir nueva infraestructura para residuos sólidos y cerrar el sitio "El Espinal".

El Juzgado Tercero Administrativo de Mocoa amparó los derechos colectivos al ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura adecuada para el saneamiento básico y la correcta gestión de los residuos sólidos, mediante sentencia de primera instancia proferida el 6 de agosto de 2026 (radicado 86001-33-33-003-2025-00121-00), dentro de la acción popular promovida por la Defensoría del Pueblo en favor de la comunidad de la vereda El Espinal y de los habitantes del municipio de San Miguel, en el departamento de Putumayo.

La acción popular buscaba proteger los derechos e intereses colectivos afectados por la inadecuada disposición de residuos sólidos en el sitio conocido como "El Espinal", ubicado en la vereda del mismo nombre. La sentencia de primera instancia determinó que la disposición final de residuos en ese lugar representa riesgos ambientales y sanitarios que afectan a la población.

Ante esta situación, el despacho judicial ordenó al municipio de San Miguel formular y ejecutar un proyecto para la construcción de una nueva infraestructura destinada a la disposición final de residuos sólidos, además de gestionar las respectivas autorizaciones ambientales.

Como parte de las medidas para atender la problemática, la decisión también ordenó presentar y ejecutar el Plan de Cierre, Clausura y Restauración Ambiental de "El Espinal", así como implementar medidas transitorias que garanticen el manejo adecuado de los residuos, lixiviados y gases mientras se pone en funcionamiento la solución definitiva.

 

Seguimiento y verificación

El fallo establece, además, el acompañamiento de CORPOAMAZONÍA y la conformación de un Comité de Verificación, mecanismo que permitirá hacer seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas por el juzgado y verificar que las entidades responsables avancen en la protección de los derechos colectivos de la comunidad.

La acción popular permitió llevar la problemática ante la justicia y obtener órdenes concretas para superar las soluciones temporales y avanzar hacia una respuesta estructural.

La Defensoría del Pueblo continuará realizando seguimiento al cumplimiento de este fallo y a las acciones que adelanten las autoridades competentes, con el propósito de contribuir a la materialización efectiva de los derechos colectivos y ambientales de la comunidad de San Miguel.