Bogotá, 24 de julio de 2026 (@DefensoriaCol). En los últimos días se presentaron distintos hechos de violencia extrema contra las mujeres en varias regiones del país, entre ellos los asesinatos de María Camila Potosí, en Cali (Valle del Cauca); María Alejandra Castaño, en Líbano (Tolima); Herianny Montilla, adolescente de 16 años, en Barranquilla (Atlántico); y Yasleidis Martínez, en Valledupar (Cesar).

El caso de María Camila Potosí, de 21 años y con ocho meses de embarazo, demanda una actuación especialmente urgente. Su desaparición y posterior asesinato obligan a revisar la oportunidad, suficiencia y articulación de las acciones de búsqueda desplegadas desde el momento en que fue reportada como desaparecida. Frente a la información conocida públicamente según la cual la bebé que esperaba no habría sido encontrada en su cuerpo, las autoridades deben adelantar todas las acciones necesarias para establecer su paradero de inmediato, garantizar su protección y el esclarecimiento integral de los hechos, sin descartar ninguna hipótesis investigativa y preservando los derechos de su familia.

Herianny Montilla, quien tenía apenas 16 años, fue asesinada. Es necesaria una investigación que esclarezca este hecho y condene a las responsables, evaluando los móviles y circunstancias que conllevaron el asesinato de la menor de edad, en su calidad de adolescente.

En el esclarecimiento se recomienda reconstruir, no solo el momento de la muerte, sino también los contextos, relaciones, antecedentes de violencia y factores de riesgo que pudieron precederla.

El feminicidio constituye la manifestación más extrema de las violencias basadas en género y suele estar precedido por patrones de control, amenazas, agresiones, aislamiento y otras formas de violencia que restringen progresivamente la autonomía de las mujeres. Prevenir estas violencias exige identificar e interrumpir esas violencias antes de que produzcan daños irreparables.

Sumado a esto, la activación temprana y efectiva de los mecanismos de búsqueda constituye una herramienta de prevención que habría podido impedir la materialización de feminicidios, violencias sexuales, trata de personas y otras formas de violencia basada en género.

La gravedad y las características de varios de los casos conocidos hacen indispensable establecer si existen conexiones con otras actividades delictivas, actores, redes o dinámicas criminales, y examinar las condiciones que hicieron posible la violencia. Ello
 
implica evitar interpretaciones que reduzcan estas violencias a hechos de "intolerancia", conflictos de pareja o situaciones aisladas y, cuando las características de los hechos así lo indiquen, profundizar el análisis de patrones y de posibles expresiones de macrocriminalidad.

Hacemos un llamado:

●    A la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes, avanzar en la búsqueda inmediata y urgente del nasciturus de María Camila Potosí.
●    A la Fiscalía General de la Nación avanzar en las investigaciones penales sobre estos casos para que avancen de manera pronta, exhaustiva e imparcial, permitan establecer las responsabilidades individuales, los contextos y factores de riesgo que rodearon estos hechos y fortalezcan las capacidades institucionales para prevenir nuevas violencias contra las mujeres.
●    A las autoridades nacionales y territoriales, para que revisen y fortalezcan los mecanismos de valoración del riesgo, protección y búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, garantizando respuestas oportunas, coordinadas y libres de estereotipos de género.
●    A los medios de comunicación les reiteramos la importancia de informar sobre estos hechos sin culpabilizar a las víctimas, sin justificar a los agresores, sin reproducir explicaciones que naturalicen la violencia y sin convertir la sevicia en espectáculo. Nombrar adecuadamente los contextos y antecedentes de la violencia también contribuye a su prevención.

Expresamos nuestra solidaridad a las familias de María Camila, María Alejandra, Herianny y Yasleidis. Sus vidas no pueden reducirse a las circunstancias violentas de sus muertes. Ninguna mujer debería ser asesinada por el hecho de ser mujer. Prevenir las violencias basadas en género exige actuar frente a las primeras señales de riesgo y garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencias.