• A través de acciones de seguimiento en territorios de alta sensibilidad ecológica, la Defensoría del Pueblo busca fortalecer la gestión integral de residuos sólidos e incentivar la articulación interinstitucional para la defensa de los derechos colectivos. 

 

La Defensoría del Pueblo adelanta una estrategia de incidencia orientada a fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos y promover acciones preventivas frente a los riesgos asociados con su disposición final, desde un enfoque de protección de los derechos humanos y de la naturaleza. 

Según el Informe Nacional de Disposición Final de Residuos Sólidos 2024 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en Colombia existen 249 sitios de disposición final. Del total, 79 corresponden a sitios no autorizados, 45 tienen su vida útil vencida y 31 cuentan con menos de tres años de vida útil remanente (el tiempo restante antes de llegar al límite de su capacidad). 

 

Acciones de seguimiento 

La Defensoría del Pueblo realiza seguimiento a sitios de disposición final priorizados para identificar riesgos, debilidades y oportunidades de mejora. A partir de este trabajo, formula recomendaciones a las entidades públicas y privadas responsables de su operación y vigilancia —en el marco de las competencias establecidas en el numeral 4 del artículo 13 del Decreto 025 de 2014—, con el propósito de contribuir a la protección de los derechos de las comunidades ubicadas en sus áreas de influencia. 

Los sitios priorizados se encuentran en diferentes regiones del país, algunos de ellos en territorios de alta riqueza ecológica y especial sensibilidad ambiental. Entre estos se destacan el relleno sanitario El Jaguar y el botadero a cielo abierto de Taraira, en la Amazonía, así como el relleno sanitario Magic Garden, en el archipiélago de San Andrés, territorio que integra la Reserva de Biosfera Seaflower. 

La estrategia también incorpora las lecciones aprendidas durante el seguimiento a la emergencia por inundación ocurrida en Montería (Córdoba), donde la acumulación de residuos generados por las labores de atención, limpieza y recuperación evidenció los desafíos que enfrentan las entidades para gestionar estos materiales en situaciones de contingencia.  

La Defensoría también realizó visitas a los barrios afectados de varios municipios y sostuvo espacios de diálogo con autoridades territoriales, la autoridad ambiental y demás actores involucrados, identificando la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para responder de manera oportuna y adecuada a ese tipo de escenarios. 

 

Cada día, miles de toneladas de residuos son recolectadas en los municipios del país. Sin embargo, el manejo de estos materiales no termina cuando el camión de aseo sale de los barrios. Lo que ocurre después —su aprovechamiento, tratamiento y disposición final— es determinante para la protección del ambiente, la salud pública y los derechos de las comunidades. 

Aunque gran parte de los residuos podrían aprovecharse o reincorporarse a nuevos procesos productivos, una cantidad significativa termina en rellenos sanitarios, lo cual incrementa la presión sobre estos sitios y acorta su vida útil. 

La disposición final es la última etapa de la gestión de residuos sólidos y debe realizarse bajo condiciones técnicas, ambientales y sanitarias adecuadas. Cuando no ocurre, pueden generarse afectaciones como contaminación de fuentes hídricas y suelos, manejo inadecuado de lixiviados (líquido de mal olor que se genera con la acumulación de residuos sin separación y tratamiento), malos olores, proliferación de vectores (animales o insectos, como moscas, mosquitos, cucarachas y ratas, que se alimentan o viven entre los residuos y pueden transmitir enfermedades), emisiones de gases, incendios y daños a ecosistemas cercanos. 

Estas situaciones no solo representan un problema ambiental: también comprometen derechos fundamentales y colectivos como la salud, el acceso al agua potable, el saneamiento básico, la vivienda digna y el derecho a un ambiente sano. 

La Defensoría del Pueblo ejerce un papel preventivo y de seguimiento frente a las situaciones que puedan comprometer los derechos y la protección de la naturaleza. Es por ello que promueve la articulación entre las entidades competentes, formula recomendaciones y acompaña el fortalecimiento de los mecanismos de planificación, seguimiento, control y vigilancia para contribuir a una gestión integral de los residuos sólidos que responda a los desafíos ambientales y sociales del país.